LA JUSTICIA ORDENA LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE NATASHA NARMONA
LA JUSTICIA ORDENA LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE NATASHA NARMONA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA
BUENOS AIRES, 10 de agosto de 2026. — En un fallo histórico que sienta precedentes sobre la libertad sindical y los derechos de la diversidad, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala V) ordenó al Ministerio de Economía de la Nación la reinstalación inmediata de Natasha Narmona, trabajadora trans y delegada gremial, despedida ilegalmente en noviembre de 2025.
EL FALLO: PROTECCIÓN SINDICAL SIN DISTINCIONES
La sentencia interlocutoria 61.565, firmada por los jueces Gabriel de Vedia y Enrique Catani, obliga al Estado a reincorporar a Narmona en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de astreintes (sanciones económicas). El tribunal determinó que la estabilidad sindical (Ley 23.551) es un interés superior que protege a la trabajadora independientemente de su modalidad contractual (Art. 9), presumiendo el despido como un acto de discriminación antisindical.
INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS
El caso destaca por su complejidad interseccional. Narmona ingresó al Ministerio bajo la Ley 27.636 de Cupo Laboral Trans, una medida de reparación que el tribunal reafirmó citando la Opinión Consultiva 27/21 de la CIDH. El fallo subraya la obligación del Estado de proteger con debida diligencia a las trabajadoras trans, especialmente en contextos de vulnerabilidad extrema.
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y URGENCIA SANITARIA
La lucha de Natasha ha contado con un respaldo social masivo: más de 3.900 firmas en Change.org denunciaron el riesgo de indigencia y el abandono estatal. Natasha, quien es persona con discapacidad, enfrentó durante meses una osteomielitis crónica sin la debida cobertura médica debido al despido, logrando ser operada recientemente solo gracias a la solidaridad y donaciones anónimas de insumos quirúrgicos.
HACIA LA REPARACIÓN TOTAL
Esta victoria cautelar abre paso al juicio de fondo, donde se buscará la nulidad absoluta del despido basándose en el Decreto 84/2023, que protege explícitamente a personas con discapacidad y bajo cupos legales.
"Esta es una acción concreta que transforma vidas. Es tiempo de que el Estado cumpla con las leyes y garantice un entorno inclusivo y seguro para todos", sostiene la petición que continúa sumando apoyos.
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