En el último año Venezuela ha experimentado una escalada sin precedentes de represión estatal, descrita por la ONU como un “crimen de lesa humanidad de persecución política”.
Desde las elecciones de julio de 2024 el gobierno ha desatado una campaña sistemática de terror: detiene arbitrariamente a disidentes, desaparece personas brevemente, y usa la violencia para silenciar manifestaciones y críticas. Organizaciones como PROVEA y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentan que “el Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras”, siguiendo el mismo patrón de crímenes de lesa humanidad conocido. Human Rights Watch coincide en que las autoridades y grupos armados aliados han cometido abusos generalizados (asesinatos, desapariciones, torturas) tras las elecciones de 2024.
Detenciones arbitrarias masivas: En 2024 hubo cerca de 2.243 personas arrestadas por razones políticas. Sólo entre el 28 de julio y fines de 2024 se registraron 2.062 detenciones postelectorales. Desde 2024 hasta enero 2025 se reportaron al menos 42 arrestos (sep-dic 2024) adicional a otros 84 en los primeros días de enero 2025, siendo muchos de ellos prácticamente desaparecidos durante días. Foro Penal estima que a finales de 2024 quedaban unos 1.794 presos políticos civiles y contabiliza a hasta la primera mitad de junio 2025 un total de 926 presos políticos (civiles y militares. Por su parte Espacio Público documentó 99 detenciones por ejercer la libertad de expresión en 2024 (71 civiles y 24 periodistas), un aumento del 254% respecto a 2023. En ese año también hubo 23 cierres de medios (21 emisoras de radio).
Crímenes de Estado: La represión produjo múltiples muertes. HRW documentó al menos 25 personas asesinadas en las protestas posteriores a julio 2024. Foro Penal reportó 3 fallecidos en custodia (hombres en penales de Tocuyito, Tocorón y Yare III). La ONU también verificó la muerte de tres críticos del gobierno detenidos desde julio 2024, que requieren investigación independiente. Un caso emblemático ocurrió en julio 2024 en Aragua: la Misión de la ONU comprobó que miembros del Ejército dispararon contra manifestantes desde dentro de una instalación militar, provocando 7 muertos. Estas acciones, junto a torturas y amenazas (por ejemplo contra familias de opositores), confirman el uso de fuerza letal e intimidación sistemática para reprimir la disidencia.
Persecución de defensores y civiles: Varios activistas han sufrido detenciones y hostigamiento arbitrarios. Destaca el caso de Eduardo Torres, abogado y defensor de PROVEA, desaparecido el 9 de mayo de 2025 luego de salir de una reunión. Tras 96 horas su detención fue admitida por el fiscal general, acusado de “conspiración” y “terrorismo”. Sus familiares y abogados continúan sin acceso, lo que motivó pronunciamientos de la ONU y organizaciones como WOLA pidiendo su liberación. Otros casos incluyen el de Andreína Baduel (activista pro presos políticos), quien denunció a principios de mayo 2025 ser vigilada y fotografiada por agentes no identificados frente a su casa luego de aparecer en un programa oficial que la señaló. ONGs y académicos también han exigido la liberación inmediata de estudiantes universitarios arrestados tras protestas contra el FRAUDE ELECTORAL de julio 2024. Estos casos ilustran cómo la represión alcanza a toda la sociedad civil – profesores, estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes opositores.
Censura y bloqueos informativos: El gobierno ha intensificado la asfixia mediática. La CIDH reporta que al menos 12 periodistas permanecen detenidos desde las elecciones de 2024 (6 nuevos arrestos en 2025) presuntamente por su labor crítica. A su vez, durante julio 2024–enero 2025 se documentaron 79 bloqueos a sitios web de medios y organizaciones críticas (por ejemplo, Efecto Cocuyo reportó que Conatel ordenó bloquear portales como Tal Cual, Runrunes, Analítica, y varios de verificación de información durante la campaña electoral. Los periodistas detenidos suelen ser imputados con cargos de “incitación al odio” o “terrorismo”. Además, se han registrado allanamientos y clausuras de radioemisoras locales (por ejemplo, Conatel ordenó cerrar varias emisoras en febrero y abril de 2024). Todos estos actos, junto a campañas oficiales de estigmatización, crean un ambiente general de autocensura y miedo.
Éxodo masivo: La persecución política y la crisis socioeconómica han generado la migración forzada más grande de América Latina. Según ACNUR, casi 7,9 millones de venezolanos han salido del país para buscar protección (unos 6,7 millones en América Latina). Esta cifra –actualizada a mayo de 2025– refleja la incapacidad del Estado para proteger a su población. Muchos migrantes huyen ante la represión directa, el colapso de servicios básicos y las amenazas cotidianas.
Declaraciones internacionales: Diversos organismos han alertado sobre esta crisis. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó que la respuesta estatal tras las elecciones constituye un “patrón de actuación” de delitos de lesa humanidad. HRW urgió a frenar la violencia contra opositores y someter a juicio a los responsables. El Alto Comisionado de la ONU pidió liberar a todos los detenidos arbitrarios e informó que las desapariciones forzadas continúan en un clima de miedo. La CIDH/RELE, por su parte, exigió respeto a la libertad de expresión y denunció la profundización de un deterioro del ecosistema mediático: radioemisoras cerradas, periodistas criminalizados y bloqueo sistemático de medios digitales.
Terrorismo de Estado y R2P: Todas estas acciones configuran un terrorismo de Estado: el uso deliberado de la fuerza, la intimidación legal y clandestina (asesinatos selectivos, desapariciones, torturas) para infundir terror en la población civil disidente. La Misión de la ONU lo calificó explícitamente de «represión dura» que persigue a quienes “simplemente expresan disidencia”. Ante estos crímenes sistemáticos contra la población, entra en juego el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P). R2P, acordada en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, obliga a la comunidad internacional a actuar cuando un Estado comete genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad. Países y expertos ya han señalado que el régimen de Maduro encaja en ese umbral: “sigue cometiendo contra las poblaciones civiles crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones…”. Bajo R2P, la comunidad mundial debe tomar medidas colectivas oportunas y decisivas (diplomáticas, humanitarias y otras) para proteger a la población venezolana.
En síntesis, entre julio de 2024 y junio de 2025, en Venezuela se ha visto multiplicarse la represión estatal: miles de detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones de opositores, asedio a la prensa crítica, represión a estudiantes y un éxodo forzado de proporciones históricas. Estas violaciones coordinadas exigen respuesta internacional. Exhortamos a gobiernos y organizaciones internacionales a activar R2P inmediatamente, presionando por cesar estos abusos, liberar a todos los presos políticos y establecer mecanismos de protección. Hacemos un llamado solidario a la comunidad global: ¡firmen y difundan esta petición para exigir justicia y protección para el pueblo venezolano!
Fuentes:
PROVEA. (2025). Informe anual sobre derechos humanos en Venezuela 2024–2025. Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos. Recuperado de https://provea.org/
Espacio Público. (2025). Informe de detenciones arbitrarias y censura en Venezuela (julio 2024–junio 2025). Espacio Público. Recuperado de https://espaciopublico.ong/
Foro Penal. (2025). Registro de presos políticos en Venezuela: primer semestre 2025. Foro Penal Venezolano. Recuperado de https://foropenal.com/
United Nations Human Rights Council. (2025). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela. United Nations. Recuperado de https://www.ohchr.org/
Human Rights Watch. (2025). “Venezuela: Persistent Abuses Since July 2024” en World Report 2025. Human Rights Watch. Recuperado de https://www.hrw.org/
Inter-American Commission on Human Rights. (2025). Freedom of Expression and Censorship in Venezuela. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/cidh/
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2025). Venezuela Situation Report – May 2025. ACNUR. Recuperado de https://www.unhcr.org/
TalCual. (2025). “Cronología de la persecución política tras el fraude electoral”. TalCual. Recuperado de https://talcualdigital.com/
El Pitazo. (2025). “Bloqueos y clausuras: la estrategia mediática del régimen”. El Pitazo. Recuperado de https://elpitu.uy/
Efecto Cocuyo. (2025). “Conatel ordena bloqueo de portales de verificación de datos durante la campaña electoral”. Efecto Cocuyo. Recuperado de https://efectococuyo.com/
ENGLISH VERSION
Over the past year, Venezuela has experienced an unprecedented escalation of state repression, which the UN has described as a “crime against humanity of political persecution.”
Since the July 2024 elections, the government has unleashed a systematic campaign of terror: arbitrarily detaining dissidents, subjecting people to brief enforced disappearances, and using violence to silence protests and criticism. Organizations such as PROVEA and the UN’s Independent Fact-Finding Mission document that “the Venezuelan Government continues to carry out harsh repression against those perceived as opponents,” following the same pattern of crimes against humanity. Human Rights Watch likewise finds that the authorities and allied armed groups have committed widespread abuses (killings, disappearances, torture) in the aftermath of the 2024 elections.
Mass Arbitrary Detentions: In 2024, approximately 2,243 people were arrested for political reasons. Between July 28 and the end of 2024 alone, 2,062 post-electoral arrests were recorded. From 2024 through January 2025, at least 42 arrests occurred between September and December 2024, plus another 84 in early January 2025—many of those detainees were effectively disappeared for days. Foro Penal estimates that by the end of 2024 there were about 1,794 civilian political prisoners, and by mid-June 2025 a total of 926 political prisoners (civilian and military). Espacio Público documented 99 arrests for exercising freedom of expression in 2024 (71 civilians and 24 journalists), a 254 percent increase over 2023. That same year saw 23 media closures (21 radio stations).
State-Sanctioned Killings: The repression has produced multiple deaths. HRW documented at least 25 people killed in post-July 2024 protests. Foro Penal reported three detainee deaths in custody (men held in the Tocuyito, Tocorón, and Yare III prisons). The UN also verified the deaths of three government critics arrested since July 2024, all of which demand independent investigations. One emblematic incident occurred in July 2024 in Aragua: the UN Mission confirmed that Army personnel fired on demonstrators from inside a military facility, causing seven fatalities. These actions, alongside torture and threats (for example against opponents’ families), confirm the use of lethal force and systematic intimidation to suppress dissent.
Persecution of Defenders and Civilians: Numerous activists have suffered arbitrary detention and harassment. Notably, Eduardo Torres, a lawyer and PROVEA defender, disappeared on May 9, 2025, after leaving a meeting. Ninety-six hours later, the Attorney General’s Office admitted his detention on charges of “conspiracy” and “terrorism.” His family and lawyers remain barred from access, prompting UN and WOLA calls for his release. Other cases include Andreína Baduel (a pro-political-prisoners activist), who in early May 2025 reported being surveilled and photographed by unidentified agents outside her home after appearing on an official program that targeted her. NGOs and academics have also demanded the immediate release of university students arrested during protests against the July 2024 electoral fraud. These cases illustrate how repression reaches the entire civil society—teachers, students, human-rights defenders, journalists, and opposition leaders.
Censorship and Information Blackouts: The government has intensified its media chokehold. The IACHR reports that at least 12 journalists remain detained since the 2024 elections (including six arrested in 2025), allegedly for their critical work. Between July 2024 and January 2025, there were 79 documented blockings of news websites and critical organizations—for example, Efecto Cocuyo reported that CONATEL ordered the blocking of sites such as Tal Cual, Runrunes, Analítica, and various fact-checking portals during the electoral campaign. Detained journalists are often charged with “incitement to hatred” or “terrorism.” Additionally, there have been raids on and closures of local radio stations (in February and April 2024, CONATEL shut down several broadcasters). All these measures, together with official smear campaigns, create a pervasive climate of self-censorship and fear.
Mass Exodus: Political persecution and the socioeconomic crisis have produced the largest forced migration in Latin America. According to UNHCR, nearly 7.9 million Venezuelans have fled the country to seek protection (about 6.7 million within Latin America). This figure—updated to May 2025—reflects the state’s inability to protect its own population. Many migrants depart in response to direct repression, the collapse of basic services, and daily threats.
International Statements: Various bodies have sounded the alarm on this crisis. The UN Fact-Finding Mission stated that the state’s post-electoral response constitutes a “pattern of conduct” amounting to crimes against humanity. HRW urged an end to violence against opponents and for those responsible to face trial. The UN High Commissioner called for the release of all arbitrarily detained persons and reported that forced disappearances continue in a climate of fear. The IACHR/RELE, in turn, demanded respect for freedom of expression and denounced the deepening deterioration of the media ecosystem: closed radio stations, criminalized journalists, and systematic blocking of digital outlets.
State Terrorism and R2P: All of these actions amount to state terrorism—the deliberate use of force, both overt and clandestine intimidation (selective killings, disappearances, torture), to instill terror in a dissenting civilian population. The UN Mission explicitly described it as “harsh repression” targeting those who “merely express dissent.” Faced with these systematic crimes against the populace, the principle of the Responsibility to Protect (R2P) comes into play. Agreed at the 2005 UN World Summit, R2P obliges the international community to act when a state commits genocide, war crimes, ethnic cleansing, or crimes against humanity. Countries and experts have already noted that Maduro’s regime fits that threshold: “it continues to commit crimes against humanity against civilian populations, including extrajudicial killings, arbitrary detentions, torture, disappearances…” Under R2P, the global community must take timely and decisive collective measures (diplomatic, humanitarian, and others) to protect the Venezuelan people.
In summary, between July 2024 and June 2025, Venezuela has seen a multiplication of state repression: thousands of arbitrary arrests, killings and disappearances of opponents, attacks on critical media, repression of students, and a historic forced exodus. These coordinated violations demand an international response. We urge governments and international organizations to activate R2P immediately—pressuring to end these abuses, free all political prisoners, and establish protection mechanisms. We call on the global community: please sign and share this petition to demand justice and protection for the Venezuelan people!
SOURCE
- PROVEA. (2025). Informe anual sobre derechos humanos en Venezuela 2024–2025 [Annual report on human rights in Venezuela 2024–2025]. Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos. Retrieved from https://provea.org/
- Espacio Público. (2025). Informe de detenciones arbitrarias y censura en Venezuela (julio 2024–junio 2025) [Report on arbitrary detentions and censorship in Venezuela (July 2024–June 2025)]. Espacio Público. Retrieved from https://espaciopublico.ong/
- Foro Penal. (2025). Registro de presos políticos en Venezuela: primer semestre 2025 [Register of political prisoners in Venezuela: first half of 2025]. Foro Penal Venezolano. Retrieved from https://foropenal.com/
- United Nations Human Rights Council. (2025). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela. United Nations. Retrieved from https://www.ohchr.org/
- Human Rights Watch. (2025). Venezuela: Persistent abuses since July 2024. In World Report 2025. Human Rights Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/
- Inter-American Commission on Human Rights. (2025). Freedom of expression and censorship in Venezuela. Organization of American States. Retrieved from https://www.oas.org/cidh/
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). Venezuela situation report – May 2025. UNHCR. Retrieved from https://www.unhcr.org/
- TalCual. (2025). Cronología de la persecución política tras el fraude electoral [Timeline of political persecution following the electoral fraud]. TalCual. Retrieved from https://talcualdigital.com/
- El Pitazo. (2025). Bloqueos y clausuras: la estrategia mediática del régimen [Blockings and closures: the regime’s media strategy]. El Pitazo. Retrieved from https://elpitu.uy/
- Efecto Cocuyo. (2025). Conatel ordena bloqueo de portales de verificación de datos durante la campaña electoral [Conatel orders blocking of fact-checking portals during the electoral campaign]. Efecto Cocuyo. Retrieved from https://efectococuyo.com/