Por necesidad, por libertad y en cumplimiento de la Constitución Española, solicitamos la erradicación inmediata de la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las provincias y ciudades de España.

Las ZBE han sido implementadas con el objetivo de reducir la contaminación en zonas urbanas, lo cual es una causa noble y necesaria para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, estas medidas están creando barreras significativas e inaceptables para miles de ciudadanos. Uno de los principales impactos es la imposibilidad de acceder a puestos de trabajo, hospitales y calles de nuestras ciudades. Para muchos, el uso del coche no es un lujo, sino una necesidad indispensable para su vida diaria.

Estas restricciones afectan particularmente a aquellos con menor poder adquisitivo, quienes no pueden permitirse la compra de coches nuevos más ecológicos o el coste añadido de los transportes alternativos que a veces no cubren correctamente sus necesidades de desplazamiento. Está impidiendo a muchos profesionales acudir a sus lugares de trabajo, comprometiendo así la estabilidad económica de sus familias.

Incluso nuestro acceso a la atención médica, derecho fundamental de todos los ciudadanos, está en riesgo al dificultar la llegada a los hospitales en casos de emergencia o para tratamientos continuos que requieren un acceso rápido y confiable.

Además, el artículo 19 de la Constitución Española garantiza el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio nacional, derecho que se está viendo vulnerado por la implementación de estas ZBE. No se pueden cerrar las ciudades y sus oportunidades económicas de tal manera que queden inaccesibles para una parte considerable de la población.

Proponemos que se estudien y apliquen alternativas más equitativas, que puedan combinar el cuidado del medio ambiente con la consecución de los derechos y necesidades básicas de los ciudadanos. Una solución viable podría ser la implementación de incentivos para la adopción de tecnologías más limpias, apoyos económicos a las familias y facilitar el acceso a transportes públicos eficientes y sostenibles.

Por todo lo expuesto, solicitamos a las autoridades competentes que reconsideren y adapten estas medidas, buscando un equilibrio que no sacrifique nuestra calidad de vida y derechos fundamentales.

¡Firma esta petición para hacer oír nuestras voces y encontrar soluciones más inclusivas y justas para todos los ciudadanos españoles!