Al Defensor del Pueblo Reino de España,

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España,

Demás Autoridades.

De nuestra mayor consideración:

Quienes suscriben, personas solicitantes de la nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, con expedientes tramitados a través del Consulado General de España en Buenos Aires, República Argentina, nos dirigimos a esa institución a fin de solicitar su intervención y acompañamiento ante las demoras prolongadas en la resolución de dichos expedientes.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, cientos de miles de personas han iniciado su trámite como parte de un proceso de reparación histórica y reconocimiento de derechos. En el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, el volumen de solicitudes presentadas ha sido particularmente elevado.

No obstante, observamos con profunda preocupación que el ritmo de resolución resulta extremadamente reducido. A modo ilustrativo, entre los meses de julio de 2025 y enero de 2026, el avance efectivo en las resoluciones habría sido de aproximadamente quince (15) días en términos cronológicos de expedientes resueltos.

De mantenerse este ritmo, y considerando que se estima la existencia de alrededor de 600.000 expedientes en trámite, una proyección razonable permitiría inferir que el tiempo necesario para su resolución total podría extenderse por varias décadas, lo cual resulta incompatible con los principios de eficacia administrativa, seguridad jurídica y con el espíritu reparador y humanitario que inspira la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación genera una prolongada incertidumbre que impacta de manera directa en la vida personal, familiar y laboral de las personas solicitantes, muchas de las cuales han cumplido con todos los requisitos exigidos y aguardan desde hace largos períodos sin información clara ni plazos estimados.

Somos conscientes de las dificultades administrativas y del elevado volumen de trabajo que afrontan los organismos competentes. Sin embargo, entendemos que la magnitud y persistencia de estas demoras justifican la intervención del Defensor del Pueblo, a fin de evaluar la situación, promover medidas que permitan agilizar la tramitación y/o instar a una mayor transparencia e información institucional hacia las personas interesadas.

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que esa institución tenga a bien considerar este planteo y, en el marco de sus competencias, realice las actuaciones que estime pertinentes.

No quisieramos recibir nuestro certificado de nacimiento junto al de defunción.

Saludamos a usted muy atentamente.

Descendientes de españoles de la demarcación consular Buenos Aires.