SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA MINERÍA

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La causa

SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA MINERÍA

Las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca que abajo firmamos nos pronunciamos contra la continuidad de proyectos mineros permitidos por gobiernos anteriores bajo condiciones de ilegalidad, abuso y corrupción, violentando los derechos humanos y derechos ambientales e incumpliendo tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado guatemalteco

La explotación minera siempre ha sido de poco beneficio para la población desde los tiempos de la Colonia. A partir de 1954, ha beneficiado principalmente a empresas extranjeras. Y el modelo económico extractivo a partir del gobierno de Álvaro Arzú y de su traición a la agenda para el cumplimiento de los acuerdos de paz en 1996; en su lugar coloca la agenda neoliberal y con reformas legales consolida la imposición de un modelo económico de utilización irracional de nuestros recursos naturales, basado en la minería metálica, la generación de energía con hidroeléctricas, la expansión de monocultivos agro combustibles y megaproyectos asociados al modelo.

La imposición del modelo extractivista en los últimos 24 años, que, sumado a omltros problemas causados por el modelo neoliberal, han llevado al aumento acelerado de la pobreza y la migración de millones de guatemaltecos ante la falta de oportunidades para vivir dignamente. El país esta siendo saqueado por transnacionales y sector privado nacional, que no tributan y mantienen privilegios onerosos, como lo evidencian las regalías que percibe el Estado: 8% por extracción de petróleo, 1% por extracción de minería y 0% por la utilización de los ríos concesionados por 50 años a hidroeléctricas. La minería apenas contribuye con el 0.71% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los migrantes guatemaltecos, obligados a salir por necesidad, contribuyeron en 2024 con casi el 20 % del PIB y han mantenido a flote la economía del país.

Vemos con mucha preocupación que, lejos de evaluarse los impactos ambientales y sociales provocados por la codicia de los proyectos mineros en Guatemala, persiste la violación de los derechos humanos, el incumplimiento del derecho a la información y consulta a comunidades y pueblos afectados, y situaciones que causan el incremento de la alta conflictividad social. Esto es exacerbado por la criminalización dirigida por las empresas y el Ministerio Público contra los defensores ambientales, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales decentes, periodistas honestos y comunidades y pueblos que con dignidad se oponen a la destrucción del medio ambiente y los bienes comunes. 

Ante esta grave situación exigimos:

Al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, actuar en defensa y protección del derecho a la vida y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, priorizando la implementación de una evaluación ambiental estratégica de país, que permita un ordenamiento territorial para la sustentabilidad ecológica del patrimonio natural, evitando el saqueo, la depredación y los riesgos a futuro ante la implementación de proyectos mineros extractivos que causen daños irremediables a los bienes esenciales para la vida.

Decretar la moratoria minera ofrecida por él, hasta que se modifique la Ley de Minería, con texto a ser elaborado con el concurso de la sociedad civil. Durante el período de la moratoria, el Poder Ejecutivo deberá practicar una auditoria de los proyectos mineros, para evaluar el cumplimiento de compromisos ambientales y analizar las reformas necesarias a los reglamentos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y los instrumentos de protección ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Igualmente, para hacer reformas al reglamento aprobado para el Ministerio de Energía y Minas en 2006, para frenar la corrupción, las ilegalidades y los privilegios fiscales a las empresas, así como adecuar las normativas para garantizar el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del principio constitucional de libre determinación y el derecho de acceso a la información y consulta a comunidades y pueblos de acuerdo a los convenios firmados y ratificados por el Estado.

Proceder a la depuración y el control del proceso y mecanismos para el otorgamiento de licencias ambientales y de exploración y explotación minera, a fin de garantizar la transparencia en su otorgamiento y evitar la corrupción y las malas practicas de funcionarios que han hecho negocio con el patrimonio de la nación mediante la aprobación de resoluciones ilegales y fraudulentas, contrarias a los intereses del país y los ciudadanos. En todo caso, no se concederán licencias durante la moratoria minera.

Al Estado guatemalteco, exigimos la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú), para eliminar la injusticia y la instrumentalización del derecho, en contra de las comunidades y defensores de derechos mediante la criminalización a partir de denuncias falsas y abusos por parte de jueces corruptos. El estado debe proteger a quienes defienden el derecho a defender derechos. En consonancia, exigimos que el MP y el sistema de justicia deben frenar y desistir de la instrumentalización de la justicia, tanto por motivos políticos como por intereses personales.

SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA

Guatemala 24 de enero

 de 2025.

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Marcos GaliciaCreador de la peticiónPerfil para la promoción de sociedad civil contra la minería

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