Los esfuerzos de España por criminalizar a los disidentes políticos de Cataluña y perseguirlos con los medios de un poder judicial evidentemente parcial y no basado en el Estado de Derecho, y con la participación de un «tribunal constitucional» que no merece este nombre y no está sujeto a la separación de poderes, están fracasando una y otra vez.
La mayoría de los doce jueces del Tribunal Constitucional español son nombrados por políticos, por lo que no se considera independiente. El Congreso de los Diputados nombra a cuatro jueces, el Senado a otros cuatro y el Gobierno a dos. Sólo dos de los doce jueces son nombrados por el «Consejo General del Poder Judicial». El Tribunal Constitucional decide por sí mismo sobre qué procedimientos es competente. Una vez que se ha atribuido la competencia, ésta se retira de los demás tribunales españoles (Ley Orgánica 6/2007). No sólo tiene poder judicial, sino también legislativo y, en ciertos casos, incluso ejecutivo. Sus decisiones se publican directamente en el Boletín Oficial del Estado y no pueden ser revocadas por ningún otro tribunal español.
La justicia belga ha decidido finalmente no extraditar a España a un cantante de habla catalana de Mallorca. Lo que España, que quería extraditarlo con una Orden de Detención Europea, le acusa no se considera un delito en Bélgica (ni en los demás países de la Unión Europea).
El 24 de Mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también restableció la inmunidad parlamentaria de tres diputados catalanes: el presidente Carles Puigdemont, el consejero Toni Comín y la consejera Prof. Dra. Clara Ponsatí. Los abogados de los tres catalanes perseguidos políticamente por España ven esto como una victoria de etapa. La decisión final en este procedimiento aún está pendiente, pero los observadores del juicio esperan otra victoria para los catalanes.
Mientras tanto, se están filtrando noticias de que el escándalo del Catalangate es aparentemente sólo la punta del iceberg y que la guerra sucia de España contra la minoría nacional catalana ha sido y es llevada a cabo a una escala mucho mayor de lo que se conocía. En cualquier democracia que funcione, el gobierno habría sido derrocado hace tiempo por lo que ya se sabe. Como es bien sabido, en EE.UU. Nixon perdió su presidencia como resultado de un escándalo comparable en una escala mucho menor. Pero el presidente de teflón del gobierno español, Pedro Sánchez, no piensa dimitir y sigue intentando mantener el escándalo en un nivel bajo mediante sacrificios de peones y maniobras de distracción.
Mientras tanto, mientras la Unión Europea sigue abandonando a millones de ciudadanos de la Unión Catalana y traicionando sus derechos, la justicia española se prepara para derogar los decretos de indulto, mediante el cual el gobierno central español indultó a los presos políticos encarcelados de Cataluña —su condena ilegal a largas penas de prisión sin la existencia de delitos ni bases correspondientes en el código penal español pasará para siempre a los libros de historia de Europa y del mundo como una vergüenza de España— y para enviar de nuevo a prisión a los catalanes destacados. El Estado profundo español busca la provocación y obviamente quiere desatar la ira popular en Cataluña para tener un supuesto asidero para el despliegue policial y militar en el país aún bajo la administración de España, cuyo parlamento declaró la independencia de Cataluña de España el 27 de octubre de 2017 de acuerdo con el derecho internacional.