«Pero, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, y no percibes la viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano: ¡Espera, voy a sacar la paja de tu ojo! — y he aquí que hay una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo; después verás y sacarás la paja del ojo de tu hermano.» (Mt. 7:3-5).
La cancillera alemana, Angela Merkel, calificó de «lejos de cualquier estado de derecho» la decisión de un tribunal ruso de conmutar la condena suspendida impuesta al opositor ruso Alexey Nawalny por una pena de dos años y ocho meses de prisión. Muchos políticos alemanes y europeos hicieron lo mismo.
Por qué callaron todos los que ahora critican la sentencia del tribunal ruso cuando, violando los derechos humanos y la legislación española aplicable, el Tribunal Supremo de España condenó a los miembros ilegalmente depuestos del gobierno catalán y a una presidente del parlamento catalán, así como a líderes de la sociedad civil catalana, a largas penas de prisión en octubre de 2019? Estos habían celebrado un referéndum en Cataluña de acuerdo con la legislación española y el derecho obligatorio de las Naciones Unidas, cuya celebración no era punible según la legislación española, aunque el gobierno español lo había declarado ‘ilegal’ contraviniendo la legislación española aplicable. Según los estándares del Estado de Derecho, no se pudo demostrar que los catalanes condenados fueran penalmente culpables. También se les negó su derecho a un juicio en primera instancia ante el tribunal legalmente competente, lo que en cualquier Estado de Derecho supondría la nulidad del veredicto. En lugar de ello, fueron condenados en primera y única instancia —esto ya es una grave violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución española y del correspondiente derecho humano al tribunal y a las dos instancias previstas por la ley— por un tribunal que no es competente según la legislación española, a penas de prisión de muchos años, contra las que no cabía recurso alguno:
Oriol Junqueras: 13 años
Jordi Turull: 12 años
Raül Romeva: 12 años
Dolors Bassa: 12 años
Carme Forcadell: 11 años, 6 meses
Joaquim Forn: 10 años, 6 meses
Josep Rull: 10 años, 6 meses
Jordi Sànchez: 9 años
Jordi Cuixart: 9 años
Otros tres catalanes fueron fuertemente multados y amordazados políticamente con una prohibición parcial.
¡Esto es España! Esta es la Unión Europea observando y permaneciendo en silencio. Los que permanecen en silencio están de acuerdo. La canciller alemana, Angela Merkel, guardó silencio, al igual que todos los líderes de los Estados europeos y de la Unión Europea. A través de su portavoz gubernamental, hizo saber, ya en la fase inicial de la represión, que España tenía leyes duras en cuanto a la persecución penal de los políticos catalanes por parte de España. Que las acusaciones y condenas no tenían ningún fundamento en el derecho español, sino que representaban una arbitrariedad sin precedentes, que rompía el derecho nacional español y el derecho imperativo de las Naciones Unidas, que los tribunales de varios países europeos, el más reciente en Bélgica, le leyeron la cartilla a la injusta justicia española, que de ninguna manera puede llamarse constitucional con respecto al conflicto de Cataluña, que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, tras un cuidadoso examen, calificó las detenciones de los políticos catalanes como arbitrarias e inadmisibles, exigió su inmediata puesta en libertad y el inicio de investigaciones penales contra los funcionarios responsables de la detención ilegal de los políticos catalanes, no mereció un comentario de la cancillera Angela Merkel y de los representantes de la Unión Europea. Por lo visto, no les importa que en España se condene ilegalmente a políticos intachables a muchos años de cárcel sin ninguna base legal, mientras que se denuncia con gran publicidad una condena de dos años y ocho meses de cárcel para un opositor ruso.
Quien ignora, minimiza, tolera y encubre deliberadamente la actuación manifiestamente ilegal de la judicatura española y del Estado español contra Cataluña y destacados representantes del pueblo catalán, no parece creíble cuando denuncia a voz en grito una actuación supuestamente ilegal de la judicatura a mucha menor escala en otro Estado que se percibe como competidor en términos geopolíticos. Cualquiera que evidentemente cultive esa doble moral debe enfrentarse a la acusación bíblica de hipocresía y se convierte en alguien indigno de confianza. El presidente catalán Carles Puigdemont, depuesto por España en octubre de 2017 en violación de la ley orgánica del Estado, ha llamado la atención de la Unión Europea en repetidas ocasiones precisamente sobre este punto. Ahora, el 5 de febrero de 2021, el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Viktorovich Lavrov, señaló con suficiencia al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell i Fontelles, que la Unión Europea toleraba silenciosamente la detención, obviamente ilegal, de los presos políticos catalanes en España, pero sin embargo lanzaba, con un evidente doble rasero, acusaciones contra la justicia rusa por imponer una pena de prisión.
No será la última vez que los representantes de otros Estados hagan acusaciones de doble rasero contra la Unión Europea que, por desgracia, son totalmente ciertas en este asunto. Será interesante ver si los medios de comunicación europeos informarán sobre este incidente de forma equilibrada y objetiva y, en particular, sin omisiones. El hecho de que China, por ejemplo, contrastara en un vídeo propagandístico la brutal actuación de las autoridades estatales españolas contra los pacíficos catalanes con la renuncia a la violencia de los policías chinos frente a algunos manifestantes aparentemente agresivos, que se presentaba como civilizada, para demostrar al mundo que China afronta estas situaciones con más calma que un Estado miembro de la Unión Europea, ha pasado hasta ahora bastante desapercibido en la prensa europea. Europa se queda callada y observa. Sin embargo, la Unión Europea está perdiendo su credibilidad moral, tanto interna como externa, por la traición a sus propios valores fundamentales y a los derechos humanos en el conflicto entre España y Cataluña, y está perdiendo el alto prestigio del que gozaba en el mundo hasta hace poco. Si sigue permitiendo que España pisotee los derechos humanos, también perderá su razón de ser a largo plazo y se desintegrará. La hipocresía y el silencio tolerante, el desprecio por los derechos humanos de millones de ciudadanos catalanes de la Unión, están corroyendo los cimientos de la Unión Europea y dañando irresponsablemente el proceso de unificación europea. En el espejo que el Ministro de Asuntos Exteriores ruso sostuvo ante la Unión Europea el 5 de febrero de 2021, se vio la fea mueca del cínico desprecio por los derechos humanos del pueblo catalán. La intención del ministro ruso no era solidarizarse con el maltrecho y oprimido pueblo catalán. Sin embargo, sus palabras expresaron claramente lo que se piensa de España y de Europa en todo el mundo, llevando así la vergüenza de la Unión Europea a la atención del mundo entero.
¿Cuánto tiempo más, Europa, te mantendrás al margen y mirarás hacia otro lado?
Adenda del 6 de febrero de 2021: El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) del 6 de febrero de 2021, pág. 2, ofrece un ejemplo de información poco seria sobre este incidente. Allí Thomas Gutschker y Friedrich Schmidt informan de lo siguiente:
«Más bien, el ministro de Asuntos Exteriores ruso pasó al contraataque. España ha condenado a los separatistas catalones [¡sic!] a largas penas de prisión, pero las autoridades judiciales de Alemania y Bélgica han pedido a Madrid que revoque estas "decisiones políticamente motivadas". Pero no es así: los tribunales sólo han prohibido la extradición porque las personas en cuestión han sido condenadas por delitos no contemplados en la orden de detención europea. España ha insistido en la independencia de su poder judicial, concluyó Lavrov, y su país exige lo mismo. "¡No duden de las decisiones tomadas por nuestro poder judicial!"» (traducción del alemán).
Esta información es objetivamente incorrecta. O bien los redactores de la F.A.Z. no han investigado según las reglas del periodismo y están decididamente mal informados, o bien conocen los hechos y los comunican incorrectamente. Si se limitan a escribir la falsedad o mienten a sabiendas de la decisión del tribunal belga y de la decisión del órgano competente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sólo ellos mismos pueden juzgarlo.
Hago las siguientes observaciones:
1º El Ministro de Asuntos Exteriores ruso no se refirió a las «autoridades judiciales», sino a las decisiones definitivas de los tribunales estatales de Alemania y Bélgica, que siempre están abiertas a una investigación seria de la prensa.
2º En segunda instancia, un tribunal belga dictaminó que la extradición del consejero catalán Lluís Puig i Gordi, depuesto por España, quedaba descartada porque, entre otras razones, no podía ser extraditado, porque las declaraciones públicas de fiscales, jueces y políticos de alto rango españoles vulneraron gravemente el derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal y, por tanto, la «Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio». En su decisión final, el tribunal belga también hizo plena referencia a una decisión de un órgano subsidiario de las Naciones Unidas supervisado por el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria (GTDA):
- Dictamen 6/2019 (España): A/HRC/WGAD/2019/6
- Dictamen 12/2019 (España): A/HRC/WGAD/2019/12
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido a este organismo como su análogo internacional. La detención de los presos políticos catalanes en España fue considerada arbitraria e ilegal en las dos decisiones del 84º período de sesiones de este órgano de la ONU, que pidió al Estado español que liberara a los presos políticos detenidos, que los indemnizara adecuadamente y que iniciara investigaciones penales contra los responsables de sus detenciones arbitrarias. El tribunal belga también confirmó una sentencia de primera instancia según la cual las órdenes de detención europeas habían sido emitidas por un tribunal que no era competente según la legislación española y, por tanto, eran nulas. Fue el mismo tribunal que condenó a largas penas de prisión a los políticos catalanes que actualmente siguen encarcelados, sin tener jurisdicción sobre el proceso según la legislación española. Por lo tanto, el informe de la F.A.Z. es claramente erróneo en lo que respecta a la sentencia belga. No se trata de que los supuestos delitos no sean delitos de catálogo en el sentido de la orden de detención europea. En el caso del presidente catalán en el exilio, Carles Puigdemont, un tribunal alemán se pronunció al respecto y determinó que no procedía la extradición por la acusación principal, mientras que la extradición era posible por la acusación de malversación de fondos públicos (cuyo contenido no podía ser examinado por los tribunales alemanes). Sin embargo, España retiró la orden de detención europea contra el presidente catalán exiliado y renunció a la extradición por este cargo.
3º O bien la F.A.Z., con una mala praxis periodística, no respeta el principio de presunción de inocencia, o bien supone que la justicia española ya había dictado sentencia sobre los políticos catalanes cuya extradición solicitaba antes de que se iniciara el juicio. ¿Cómo entender, si no, la redacción elegida: «Los tribunales sólo habían prohibido la extradición porque los interesados habían sido condenados por hechos no contemplados en la orden de detención europea»? Las personas afectadas aún no han sido condenadas, el derecho humano de la presunción de inocencia aún se aplica a ellos. La falsa información de la F.A.Z. de que los políticos catalanes residentes fuera de España, cuya extradición solicitó España mediante órdenes de detención europeas, habían sido ya condenados por sentencia firme por hechos supuestamente cometidos por ellos, viola los derechos de estas personas, que son así falsamente tachadas en público de presuntos delincuentes condenados, y constituye una importante violación de una norma básica esencial del Código del Consejo de la Prensa de Alemania. Si esta denuncia falsa cumple también con los delitos previstos en el Código Penal alemán (§ 186 y siguientes) deberá ser aclarado, en su caso, por los tribunales competentes. Los afectados harían bien en presentar una denuncia penal en este caso y, al mismo tiempo, presentar una queja ante el Consejo de la Prensa Alemana.
El hecho de que laF.A.Z. aún no haya aprendido que en alemán es «katalanisch» y no «katalonisch» es, por cierto, una vergüenza intelectual.
¿Cómo se puede juzgar un reportaje tan grotesco? ¡En ningún caso puede llamarse ‘veraz’, ‘serio’ y ‘objetivo’!