El 23 de marzo de 2018, el juez español Pablo Llarena envió al actual candidato presidencial de Cataluña, Jordi Turull i Negre, tres ministros catalanes democráticamente elegidos, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull, y la ex-presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a la cárcel. Obviamente, fue una decisión política, querida por el partido gobernante español Partido Popular. Esta es solo una pequeña parte de un macro-proceso que el gobierno español pos-democrático y demófobo y el sistema judicial español, aparentemente no independiente, están liderando a más de 900 destacados catalanes con el objetivo de la intimidación y la eliminación política. La manera casi bárbara de difamar y perseguir a los políticos catalanes sin motivo aparente y enviarlos a la cárcel es una vergüenza para España y para todos los españoles. La España pos-democrática viola los valores fundamentales de la Unión Europea, y constantemente viola también los derechos humanos. Parece que España ha declarado la guerra a Cataluña. Jueces como Pablo Llarena tienen una parte considerable de la culpa de que la separación política de Cataluña y España ahora es solo cuestión de tiempo. Cada vez más gente en Cataluña se da cuenta de que para ellos un futuro en dignidad y libertad dentro del Estado español no sería posible y que ahora ya no existe una alternativa realista a la República Catalana.