El Estado de Chile tiene una tremenda deuda pendiente con las familias más vulnerables de nuestro país, históricamente hemos sido postergadas y expulsadas a los sectores periféricos de la ciudad, reservando el uso del suelo a las inmobiliarias y especuladores que usan de ella para beneficio propio.
El Estado, ha sido incapaz de dar solución al problema de la disponibilidad del suelo para las familias más pobres de Chile, el que ha estado históricamente en manos de privados, ha entregado sistemáticamente a los empresarios la iniciativa de dar soluciones habitacionales a los más vulnerables.
Este proyecto no tiene capacidad de resolver el problema de la segregación, no tiene capacidad de incluir en los proyectos residenciales la necesidad de los sectores más vulnerables de la población chilena.
Pasar por encima de instrumentos de planificación territorial como lo son los planos reguladores comunales, que dan de un nivel de legitimidad y un cierto nivel de participación democrática, en como queremos vivir en nuestros barrios.
Se pretende entregar, terrenos fiscales en barrios actualmente protegidos como son las zonas patrimoniales, bajo la excusa de la inclusión. Que finalmente terminarán por destruir estos barrios.
Creemos que es impresentable que parlamentarios NO se inhabiliten de la votación por estar vinculado a negocios inmobiliarios.
Producto de todo lo expuesto, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la Ley de Integración Social y Urbana, pues su trasfondo implicará la desintegración de los Comités de Vivienda a lo largo de todo Chile.

POR FAVOR, AYÚDENOS FIRMANDO.