Los senadores de oposición tienen en sus manos acelerar el proceso de discusión de esta Ley de Indulto General en sus respectivas comisiones para que pueda prontamente ser discutida y aprobada en Sala del Senado. Es un compromiso moral ineludible con el pueblo que expreso sus demandas en las calles luego de décadas de abusos, vulneraciones y abandono. Una nueva Constitución cuyo pilar fundamental deben ser los Derechos Humanos se debe escribir con justicia, verdad, reparación y la libertad de quienes lograron que se concretara este sueño pendiente por generaciones.

A más de año y medio del estallido social que permitió este hito histórico, es impresentable que continúen en prisión preventiva y/o arresto domiciliario centenares de luchadoras y luchadores sociales, quienes son castigados por el Gobierno de Piñera con esta medida ejemplificadora y selectiva, que busca amedrentar a quienes ejercen el legítimo derecho a la manifestación para exigir derechos humanos fundamentales para todas y todos.

En pleno proceso eleccionario, continúan a la espera de sus juicios, inculpados por delitos que han ido cayendo por la inconsistencia de las pruebas. Es la expresión de un poder judicial utilizado como instrumento para la criminalización de los movimientos sociales a través de la aplicación abusiva y masiva de figuras penales a conductas que ocurren en contextos de protesta y lucha social por condiciones de vida digna.

Es nuestro deber exigir la pronta solución a la prisión política que los afecta a través de la aprobación de la Ley de Indulto General que beneficie a todos los detenidos en el contexto del Estallido Social.

Esta Ley señala que serán beneficiarios del Indulto General:

1. Quienes, hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley.

2. Las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas.

3. En el caso de aquellas personas sujetas a alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad, por el sólo hecho de solicitar su revisión.

El proyecto de Ley de Indulto General fue ingresado a la Comisión de DDHH del Senado el 9 de diciembre de 2020. Luego de casi un mes de discusión, se aprobó la idea de legislar el 25 de enero del 2021. Actualmente debe ser aprobado en la Comisión de Seguridad Pública para ser puesto en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el senador Alberto de Urresti.