SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

PONGA FIN AL PROYECTO DE CLUB DE GOLF Y PROTEJA Y RESTITUYA SUS TIERRAS A LA COMUNIDAD DE TEPOZTLÁN.

Desde hace más de 20 años, la Comunidad Indígena de Tepoztlán en el estado mexicano de Morelos, resiste a la instauración en su territorio de un gran Club de Golf, que invade 280 hectáreas de sus tierras comunales.

Un grupo de empresarios, políticos, notarios y gente poderosa tienen años codiciando el territorio indígena de Tepoztlán y haciendo valer su poder han pretendido despojar de sus tierras a los tepoztecos con títulos de propiedad individual ilegales.

En 1999 – hace 19 años -, la comunidad indígena de Tepoztlán inicia un proceso judicial de restitución de tierras que ha pasado por diversas instancias y ninguna ha emitido sentencia en contra de la comunidad, los tribunales agrarios y los jueces federales siempre han ratificado que se trata de tierras comunales y que las propiedades privadas son ilegales.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya les había dado la razón en una ocasión, hace un año la misma Corte decide volver a analizar el asunto y se tienen fuertes indicios que el proyecto de resolución del Amparo Directo 40/2017 elaborado en la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, será en contra de los derechos territoriales indígenas de la comunidad de Tepoztlán.

Por lo que exigimos:

1. Se resuelva en definitiva la demanda hecha valer por la comunidad de Tepoztlán, restituyendo el territorio a sus legítimos dueños, reconociendo sus derechos territoriales y agrarios.

2. Concretar el cumplimiento de la protección especial de los territorios indígenas y la observancia de un marco normativo que obliga a garantizar los derechos indígenas reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, hacer un control de las normas y de los actos de autoridad en concordancia con dicho marco normativo.

3. Que la Suprema Corte aplique de los Protocolos de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y con proyectos de Desarrollo e Infraestructura, para que mediante una sentencia ejemplar, resuelva con apego a sus obligaciones constitucionales y a la luz de las mejores prácticas internacionales.