¡Firma en contra de la Ley que amenaza las Viviendas Turísticas en Catalunya!  

Y a favor de la creación de una comisión de expertos independientes para realizar una diagnosis realista de la situación turística de nuestro país que ofrezcan alternativas válidas para no hacer desaparecer un sector con un impacto económico de 21.000 millones de euros

La administración pública debe estar al servicio de la ciudadanía, y no al revés.

Pese a ello, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el pasado 7 de noviembre de 2023 un Decreto-ley (3/2023) que pretende acabar con las viviendas de uso turístico, un sector orientado fundamentalmente al turismo familiar y de proximidad, que representa el 46,43% de las plazas de alojamiento turístico en Catalunya (526.284). 

En un mundo cada día más globalizado el sector de las viviendas turísticas es un caso ejemplar de economía distributiva en la medida que: el 86,66% de sus propietarios poseen una sola vivienda de uso turístico; emplea a 26.291 personas de forma directa y a 25.500 de forma indirecta y dinamiza la economía absorbiendo solo el 25,7% del gasto del usuario de la vivienda turística, canalizando el 74,3% restante para que se distribuya entre comerciantes, restauradores, actividades de cultura y ocio, entre muchas otras actividades económicas vinculadas al turismo familiar y de proximidad.

La vivienda turística resulta igualmente la opción de alojamiento más sostenible, ya que impacta mucho menos sobre el medio ambiente y utiliza con frecuencia segundas viviendas que de otro modo estarían infrautilizadas. La destrucción de esta opción de alojamiento supondría la construcción de más hoteles y campings para recuperar las plazas de alojamiento eliminadas y la consecuente eliminación de más áreas verdes. 

La nueva normativa establece la reducción drástica de las licencias turísticas existentes en 262 municipios, que representan el 84,1% de la población de Catalunya. Sin embargo, los municipios donde se aplicaría la ratio máxima del 10% de viviendas turísticas (10 viviendas por cada 100 habitantes) -y donde se esperaría un incremento de la oferta de alquiler-, solo representan el 2,92% de la población total de Catalunya, tal y como reconoce la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). 

La medida, por lo tanto, no incide prácticamente sobre los municipios de las Áreas Tensionadas, vinculadas a la Ley de Vivienda, pero pretende expropiar licencias de uso turístico sin indemnización alguna, provocando el cierre de al menos 28.000 viviendas turísticas; crea inseguridad jurídica para el resto y solo puede provocar despidos, sumiendo en la precariedad laboral a decenas de miles de trabajadores que hasta la fecha se sostienen económicamente gracias a dicha actividad. 

Con la aprobación de este Decreto-Ley, una vez más, se pretende usar el turismo como chivo expiatorio para solucionar el problema habitacional. Sin embargo, el Decreto-Ley no afectará en términos absolutos la oferta de vivienda, perpetuando una problemática que debería considerar las viviendas vacías o la falta de vivienda social, con el agravante que añadirá otra grave crisis que colectivamente no nos podemos permitir. la de un sector económico dinámico que distribuye riqueza transversalmente a gran parte de la ciudadanía: la viviendas de uso turístico.

Firma a la defensa del sector turístico catalán y del modelo de vivienda de uso turístico para proteger  el empleo y la variedad de alternativas ocupacionales para miles de familias que se benefician de él.