El peticionario denuncia la incoherencia de las autoridades locales (Ayuntamiento de Vélez-Málaga) y regionales (Junta de Andalucía) en la gestión de fondos europeos. Mientras el municipio recibe millones de euros de Fondos FEDER (Estrategia EDUSI / Planes de Sostenibilidad) para la "protección del litoral" y la "puesta en valor del patrimonio histórico", simultáneamente autoriza una urbanización de viviendas a escasos 40 metros de la Torre Vigía de Lagos (siglo XVI), declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Esta actuación urbanística destruye la cuenca visual y el paisaje que los fondos europeos pretenden proteger, vulnerando el Convenio Europeo del Paisaje y el principio de eficiencia en el gasto público comunitario.