Message aux signatairesSalvemos El Espino: protejamos el pulmón de San Salvador

El Espino: transparencia y rendición de cuentas sobre la cooperación china en El Salvador (Esp, Eng)

Ana CisnerosSan Salvador, Salvador
11 oct. 2026

El Espino: una sistematización ciudadana para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en El Salvador

La defensa del Bosque El Espino continúa, aunque todavía no hayamos recibido reacciones públicas significativas al informe sobre la cooperación de la República Popular China y el caso de El Espino. Consideramos importante compartir este trabajo porque la protección del territorio no depende únicamente de las movilizaciones o de las denuncias públicas: también requiere documentación, investigación ciudadana y mecanismos que permitan exigir explicaciones a las instituciones responsables.

Durante más de un año, desde la iniciativa El Espino Vive, en coordinación con el Movimiento Ciudadano Somos El Espino y el Colectivo de Derechos Humanos Herberth Anaya, hemos desarrollado un proceso de seguimiento que busca reconstruir la secuencia de decisiones jurídicas, actuaciones administrativas, información ambiental y documentación relacionada con el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), en el área intervenida del Bosque El Espino.

El resultado es el informe ciudadano Cooperación de la República Popular China y el caso del Bosque El Espino, elaborado para contribuir a la transparencia institucional, la debida diligencia ambiental, la participación pública y la rendición de cuentas. Su propósito no es atribuir de manera automática responsabilidades penales o administrativas a actores específicos, sino poner a disposición pública los hechos documentados, identificar los vacíos de información y señalar las preguntas que siguen pendientes de respuesta.

La sistematización se construyó mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a distintas instituciones del Estado salvadoreño, análisis de las respuestas recibidas, seguimiento de los silencios administrativos y presentación de recursos; revisión de normas y documentación institucional; recopilación de fotografías, videos y publicaciones periodísticas; registro de las gestiones ciudadanas y diplomáticas; y documentación del proceso de participación pública en defensa del bosque.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran las respuestas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que informaron que determinada documentación ambiental e hídrica solicitada no se encontraba en sus registros. Estas respuestas no demuestran por sí solas que nunca existieran estudios o autorizaciones, pero evidencian una brecha de trazabilidad que requiere explicación: la ciudadanía no ha podido reconstruir, mediante los registros consultados, una cadena documental pública y clara de las evaluaciones, inspecciones y actuaciones técnicas relacionadas con la intervención.

La investigación también encontró dificultades para reconstruir públicamente la trazabilidad jurídica, financiera e institucional de la cooperación vinculada al proyecto. El Ministerio de Hacienda respondió dentro de su ámbito, aunque señaló que determinada información estaba bajo reserva y remitió a CIFCO para obtener información adicional. Por su parte, la solicitud dirigida a Cancillería sobre los instrumentos de cooperación no obtuvo respuesta sustantiva durante el período documentado, pese a las gestiones de seguimiento realizadas. Por ello, el informe no presume que no exista un convenio ni que toda la financiación o ejecución sea atribuible a una misma entidad: plantea la necesidad de conocer qué instrumentos, instituciones, recursos y mecanismos de supervisión estuvieron involucrados.

También documentamos dos intentos, realizados el 21 de enero y el 3 de febrero de 2026, de entregar una comunicación a la Embajada de la República Popular China en El Salvador para plantear nuestras preocupaciones ambientales y solicitar diálogo. Las cartas no fueron recibidas. Registramos estos hechos como parte del expediente, sin atribuir intenciones que no podemos demostrar.

El informe incorpora, además, el marco jurídico salvadoreño relacionado con la protección de El Espino, referencias internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y cooperación responsable, y recomendaciones dirigidas a instituciones públicas, representaciones diplomáticas, organismos de cooperación y mecanismos internacionales. Incluye también el seguimiento de recomendaciones del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas que pueden resultar pertinentes para evaluar la protección ambiental y el acceso a información pública.

¿Por qué compartimos esta sistematización? Porque la transparencia no consiste solamente en que existan documentos dispersos en distintas instituciones. La ciudadanía debe poder conocer qué se decidió, qué evaluaciones respaldaron las decisiones, qué riesgos fueron identificados, qué medidas de prevención se adoptaron y qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas existen. Sin esa trazabilidad, resulta difícil ejercer una participación informada y evaluar si el desarrollo de infraestructura está siendo compatible con la protección del patrimonio natural y los derechos de la población.

Invitamos a organizaciones ambientales y de derechos humanos, periodistas, personas investigadoras, universidades, instituciones públicas y organismos internacionales a consultar el informe, verificar sus fuentes, utilizar la documentación pertinente y contribuir a que las preguntas pendientes reciban respuestas institucionales. La publicación no sustituye las competencias de las autoridades ni pretende anticipar conclusiones judiciales; busca facilitar el escrutinio público y aportar información organizada para la incidencia ciudadana.

Consulta el informe completo y sus anexos aquí:
COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL CASO DEL BOSQUE EL ESPINO en El Salvador. 

La defensa del Bosque El Espino continúa. Aunque las respuestas no lleguen al ritmo que esperamos, seguiremos documentando, solicitando información y promoviendo el diálogo, con firmeza y respeto por los derechos ambientales y humanos. Defender el territorio también significa proteger el derecho de la sociedad a conocer, preguntar y exigir cuentas.

La cooperación internacional puede contribuir al desarrollo sin convertirse en una excepción a la transparencia, la prevención ambiental y la rendición de cuentas. El Salvador necesita instituciones capaces de explicar sus decisiones y una ciudadanía con acceso efectivo a la información para defender su patrimonio natural.

El Espino Forest: A Citizen-Led Report to Strengthen Transparency and Accountability in El Salvador

The defense of El Espino Forest continues, even though we have not yet received significant public reactions to our report on cooperation with the People’s Republic of China and the El Espino case. We believe this work deserves to be shared because protecting a territory requires more than public mobilization and denunciations. It also requires documentation, citizen-led investigation and mechanisms through which public institutions can be asked to explain their decisions.

For more than a year, the El Espino Vive initiative, working in coordination with the Somos El Espino Citizens’ Movement and the Herberth Anaya Human Rights Collective, has undertaken a sustained process of monitoring and documentation. Our objective has been to reconstruct the legal decisions, administrative actions, environmental information and institutional records associated with the new International Fair and Convention Center (CIFCO) project in the intervened area of El Espino Forest.

The result is the citizen report Cooperation of the People’s Republic of China and the El Espino Forest Case, prepared to contribute to institutional transparency, environmental due diligence, public participation and accountability. It does not automatically assign criminal or administrative liability to specific actors. Instead, it presents documented facts, identifies information gaps and raises questions that remain unanswered.

The report draws on public-information requests submitted to Salvadoran institutions, analysis of official responses, follow-up on administrative silence and appeals, review of legislation and institutional documents, photographic and audiovisual records, journalistic publications, records of citizen and diplomatic outreach, and documentation of public participation in the defense of the forest.

Among the most significant findings are responses from El Salvador’s Ministry of Environment and Natural Resources (MARN) and the Salvadoran Water Authority (ASA), which reported that certain requested environmental and hydrological documents could not be found in their records. These responses do not, by themselves, prove that studies or authorizations never existed. They do, however, reveal a traceability gap that requires explanation: based on the records consulted, citizens have been unable to reconstruct a clear public documentary chain of the assessments, inspections and technical actions associated with the intervention.

The investigation also encountered difficulties in reconstructing the legal, financial and institutional traceability of the cooperation associated with the project. The Ministry of Finance responded within its remit, while indicating that certain information was classified as reserved and referring the requester to CIFCO for additional information. The request to the Ministry of Foreign Affairs concerning cooperation instruments had not received a substantive response by the end of the reporting period, despite repeated follow-up efforts. The report therefore does not presume that no cooperation agreement exists or that financing and implementation are attributable to a single entity. It calls for clarity about the instruments, institutions, resources and oversight mechanisms involved.

We also documented two attempts, on January 21 and February 3, 2026, to deliver a letter to the Embassy of the People’s Republic of China in El Salvador, raising environmental concerns and requesting dialogue. The letters were not accepted. These events are recorded as part of the dossier, without attributing intentions that cannot be established from the available evidence.

The report includes Salvadoran legal provisions concerning El Espino, international references on human rights, environmental protection and responsible cooperation, and recommendations for public institutions, diplomatic missions, cooperation organizations and international mechanisms. It also examines relevant recommendations from the United Nations Universal Periodic Review concerning environmental protection and access to public information.

Why are we sharing this report? Because transparency is not simply a matter of having documents scattered across different institutions. The public should be able to understand what was decided, which assessments supported those decisions, what risks were identified, what preventive measures were adopted and what oversight and accountability mechanisms were in place. Without such traceability, informed public participation becomes difficult and it is harder to assess whether infrastructure development is compatible with the protection of natural heritage and people’s rights.

We invite environmental and human-rights organizations, journalists, researchers, universities, public institutions and international organizations to consult the report, verify its sources, use relevant documentation and help ensure that outstanding questions receive institutional answers. This publication does not replace the responsibilities of public authorities or anticipate judicial findings. Its purpose is to support public scrutiny and provide organized evidence for citizen advocacy.

Read the full report and annexes here:
COOPERATION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE EL ESPINO FOREST CASE – El Salvador

The defense of El Espino Forest continues. Even when responses do not come as quickly as we hope, we will continue documenting, requesting information and promoting dialogue, firmly and respectfully defending environmental and human rights. Defending a territory also means protecting society’s right to know, ask questions and demand accountability.

International cooperation can support development without becoming an exception to transparency, environmental prevention and accountability. El Salvador needs institutions capable of explaining their decisions and a public with effective access to information to defend its natural heritage.

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