"...las consecuencias jurídicas de esta sentencia son que la actual regulación de la gestión y aprovechamientos de la caza en la Reservas Regionales de Caza queda sin soporte jurídico y al margen de la Ley. También quedan en situación de ilegalidad las autorizaciones que la Junta otorga de forma sistemática para poder caza en las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, y en otras zonas donde por seguridad se limitaba la caza por ser un peligro para las personas y por coartar el derecho de libre circulación por zonas de uso público".