El Procurador Ordóñez Maldonado hace un uso ideológico, discriminatorio y desproporcionado de las funciones que asigna a su cargo la Constitución.

En los últimos años, ha sancionado, destituido e inhabilitado a centenares de cargos de elección popular, entre quienes predominan quienes no comparten sus creencias y posiciones políticas.

Estas actuaciones incontroladas representan una gravísima amenaza para el pluralismo político, el ejercicio de la democracia y el bienestar y el futuro de nuestra sociedad.