Tras los gravísimos accidentes de Adamuz y Urda, se ha abierto el debate sobre el modelo ferroviario en España.

Desde 2003, tanto el PP como el PSOE han promovido un proceso de mal llamada "liberalización" del sistema ferroviario que ha consistido principalmente en tres modificaciones estructurales:

• Partir el sistema en dos empresas, Adif y Renfe, para que una se ocupe de las vías y la otra de los trenes, pero también para que sea más fácil después privatizar determinados servicios e introducir operadores adicionales en la red. En 2020, Francia entendió que partir el sistema en dos era un error y volvió a fundir sus empresas en el operador SCNF.
• Privatizar buena parte de las tareas de mantenimiento de las vías y de los sistemas de seguridad a empresas privadas, con el inevitable deterioro del servicio que eso conlleva.
• En la fase final, introducir dos operadores ferroviarios adicionales, Ouigo e Iryio, para que compitan entre sí y también con la empresa pública Renfe. Dicha competición se ha llevado a cabo mediante el dumping de precios, que, de hecho, ha situado a las tres empresas en pérdidas. El intenso aumento del número de trenes y de viajeros circulando por la red, además, ha tensionado de forma grave las infraestructuras, sin que eso fuera acompañado por un aumento proporcional de inversión en mantenimiento.

Antes de la mal llamada "liberalización", los trenes de alta velocidad llegaban casi siempre puntuales a su hora y no había habido accidentes desde el que tuvo lugar en Angrois en 2013.

Por todo ello, hay que renacionalizar el sistema ferroviario español haciendo uso del artículo 128 de la Constitución para volver a una situación de operador único ferroviario enteramente público con los servicios de mantenimiento y seguridad internalizados.

‼️ Las personas firmantes de esta petición exigimos a este gobierno y a cualquier otro gobierno que pueda surgir de las urnas el 29-N que se comprometa a llevar a cabo este proceso de renacionalización y que presente a la mayor brevedad un calendario vinculante como única manera de garantizar la seguridad de los pasajeros y de recuperar la confianza en el sistema ferroviario español.

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Artículo 128:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.