Los sistemas informáticos están presentes en los servicios públicos, el transporte, la energía, el agua, la sanidad, las emergencias y las infraestructuras críticas. Afectan directamente a la seguridad, los datos, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos. Aun así, la profesión de Ingeniero en Informática no tiene una regulación estatal que reconozca sus atribuciones ni que defina las responsabilidades de quien la ejerce.

Pedimos que en la próxima legislatura se debatan estas medidas:

1. Ley estatal reguladora de la profesión. Debe reconocer sus atribuciones: análisis, diseño, arquitectura, desarrollo, dirección, mantenimiento, verificación, auditoría, certificación, peritajes y redacción y firma de proyectos. Tomará como referencia las fichas académicas oficiales de 2009 y 2026. Las actuales recomendaciones académicas pasarán a ser requisitos obligatorios para verificar los títulos habilitantes. Habrá un régimen transitorio para las titulaciones anteriores.
2. Colegiación obligatoria. Será exigible a quien ejerza la profesión, por cuenta propia o ajena y en el sector público o privado. Estar colegiado en un único colegio bastará para ejercer en toda España.
3. Acreditación, transparencia y control de las colegiaciones.
   1. La vinculación de cada título con la profesión se acreditará oficialmente en su verificación y en el RUCT. El nombre del título no bastará.
   2. Los colegios publicarán qué titulaciones admiten, con qué fundamento y con qué estadísticas.
   3. Las admisiones serán expresas, motivadas y trazables, con informe jurídico en los casos dudosos y constancia de votos y advertencias.
   4. Habrá cooperación entre colegios y con el Consejo General.
   5. Las admisiones contrarias a Derecho se podrán revisar por vía administrativa y judicial, con las responsabilidades que correspondan.
4. Proyectos informáticos. Será obligatorio aplicar normas técnicas de documentación (CPIICM-N2016-02 y UNE 157801). Los proyectos los elaborarán y firmarán profesionales titulados y colegiados. El visado será obligatorio en los proyectos que afecten a la integridad física y la seguridad de las personas.
5. Administraciones públicas. Se exigirá titulación vinculada y colegiación en los cuerpos y puestos cuyas funciones correspondan a la profesión.
6. Contratación pública. Se exigirá titulación y colegiación al personal de las empresas adjudicatarias y subcontratistas que realice funciones propias de la profesión, sea cual sea el importe del contrato.
7. Transporte. Se exigirá titulación y colegiación para trabajar en los sistemas informáticos ferroviarios, aéreos, marítimos y de carretera.
8. Infraestructuras y servicios esenciales. Se exigirá titulación y colegiación en energía, agua, sanidad, emergencias e infraestructuras críticas.
9. Ciberseguridad e inteligencia artificial. Se exigirá titulación y colegiación para diseñar, desarrollar, auditar y supervisar estos sistemas, sea cual sea el tamaño de la organización.
10. Peritajes judiciales informáticos. Se exigirá titulación vinculada, colegiación y especialización acreditada en todas las jurisdicciones.

Todas las medidas se limitan al ámbito propio de la profesión y respetan el Derecho de la Unión Europea y el test de proporcionalidad. Se pueden tramitar por tres vías independientes: la regulación general, la colegiación obligatoria y las reformas sectoriales.

Nuestro objetivo es dotar a la profesión de un marco estatal que reconozca sus atribuciones, garantice la cualificación y la responsabilidad de quienes la ejercen y proteja los derechos y la seguridad de los ciudadanos. También queremos que los colegios apliquen de forma objetiva y verificable los requisitos para colegiarse.