Los delfinarios en México son un negocio iniciado por políticos e inmobiliarias, expandido por el gobierno de Mario Villanueva.
Este negocio pone en grave riesgo a la conservación de los delfines (como lo indica el estudio "Océanos y Costas Análisis del marco jurídico e instrumentos de la política ambiental en México" publicado en 2007 por el Instituto Nacional de Ecología) y es cobijado por la negligencia y complicidad de las autoridades.
Los patógenos a los que son expuestos los delfines, las lesiones ocasionadas por las interacciones con los visitantes, la ansiedad, depresión y estrés derivados del encierro, son conductas que dañan a estas especies y que actualmente son castigadas por el Código Penal Federal, sin embargo, la impunidad prevalece ante la omisión de las autoridades.
Por ello, Derecho Sin Fronteras ha elaborado y presentado en la Cámara de Diputados la iniciativa legislativa DELFINES LIBRES, para poner fin al negocio de cautiverio de cetáceos.