Creo que un daño arbitrario de miles de euros a una persona ya podría conducir a una respuesta eficaz de la Administración. Sin embargo, las autoridades que han pasado por la Secretaría de Estado de Hacienda, así como las organizaciones políticas que se han sucedido en el Parlamento, mantienen la Ley del IRPF con un artículo que amenaza a cualquiera que viva de un salario: si nos lo niegan y lo recuperamos por la vía judicial, tendremos unos costes extraordinarios fuera de propósito, como si el hecho de recurrir a los tribunales constituya de por sí algún tipo de transgresión contra la convivencia.

Hemos superado las 22.000 firmas, pero nadie en los poderes públicos ha movido un dedo para reparar un atropello sistemático. Tampoco han dado ante el Defensor del Pueblo o el Consejo para la Defensa del Contribuyente más explicaciones que 'la comodidad' de tributar los atrasos en el ejercicio en que se perciben ‒la base imponible se dispara, y la cuota resultante también‒ o 'problemas técnicos' que no concretan ni resuelven, en beneficio de una fiscalidad equilibrada y respetuosa con la ciudadanía.

Los problemas tienden a acumularse y a crecer, hasta que algún día alguien ponga un mínimo de consciencia sobre ellos.

Aquí sigue esta petición, hasta que eso suceda.