Que una ley obligue a entregarle a Hacienda un 30 o un 40% de los salarios que no le han pagado en su momento puede entrar en la torpeza legislativa involuntaria.

Que esto lo vean miles de personas, que se lo hagan saber a las autoridades tributarias, y que estas mantengan la postura, con argumetos como 'la comodidad' que nos representa, o 'cuestiones técnicas' etéreas, que no concretan, me parece, simplemente, de un incivismo fuera de propósito.

Tengo confianza en que alguien, con un poco de sentido común, rectifique este atropello sistemático, y que nuestra presión contribuya a que las Administraciones trabajen de verdad por una sociedad en la que los derechos alcance algo más que el papel escrito.