La traición al manglar: crítica ciudadana al proceder de la SEMA.

En Quintana Roo, los ecosistemas costeros representan no solo un patrimonio natural invaluable, sino también un escudo vital contra los efectos del cambio climático. Los manglares, reconocidos por su capacidad de proteger las costas, albergar biodiversidad y capturar carbono, están protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece lineamientos estrictos para evitar su destrucción. Sin embargo, la reciente autorización del proyecto condominal Alux 33 en un área de manglar en el municipio de Puerto Morelos, ha encendido las alarmas ciudadanas y puesto en duda la integridad del secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, Óscar Rébora Aguilera.

La autorización de este proyecto no puede ser vista como un simple trámite administrativo. Se trata de una decisión que contradice la legislación ambiental vigente y que, en la práctica, abre la puerta a la devastación de un humedal costero. Los ciudadanos nos preguntamos: ¿cómo es posible que la autoridad encargada de proteger los ecosistemas haya avalado un proyecto que los amenaza directamente? La respuesta, aunque dolorosa, parece apuntar hacia un proceder marcado por la corrupción y la falta de compromiso con el interés público.

El papel de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente debería ser claro: garantizar la conservación de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, al aprobar Alux 33, el secretario Rébora Aguilera ha demostrado una preocupante incongruencia entre su función y sus actos. Este proceder no solo afecta a los quintanarroenses, quienes podrían ver comprometida la salud de sus costas y la calidad de vida en sus comunidades, sino también a todos los mexicanos, pues los manglares son patrimonio nacional y su pérdida repercute en la resiliencia ambiental del país entero.

La ciudadanía tiene razones fundadas para sospechar que esta autorización responde más a intereses privados que al bien común. La corrupción, disfrazada de trámites legales, se convierte en un enemigo silencioso que erosiona la confianza en las instituciones y pone en riesgo el futuro de nuestros ecosistemas. Cada hectárea de manglar destruida es una herida abierta en el tejido ambiental de México, y quienes permiten esa destrucción deben rendir cuentas.

Por ello, desde una perspectiva ciudadana, exigimos transparencia y responsabilidad. El secretario Óscar Rébora Aguilera debe explicar públicamente las razones detrás de su decisión y someterse al escrutinio social y legal. Sin embargo, la magnitud del daño y la evidente contradicción con su deber nos llevan a una conclusión inevitable: lo mejor para Quintana Roo y para México es que este funcionario renuncie. Su permanencia en el cargo solo profundizaría la desconfianza y abriría la puerta a más actos que atenten contra nuestro patrimonio natural.

La defensa de los manglares no es un capricho ambientalista, es una necesidad vital. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de alzar la voz cuando quienes deberían protegernos se convierten en cómplices de la destrucción. Hoy, Quintana Roo necesita autoridades comprometidas con la vida, no con los intereses inmobiliarios. La renuncia del secretario de Ecología y Medio Ambiente sería un primer paso para recuperar la credibilidad y demostrar que la protección de los ecosistemas está por encima de cualquier negocio.