En España, mentir en campaña electoral no tiene consecuencias legales.

Promesas falsas, datos manipulados y afirmaciones que se sabe que no son ciertas forman parte habitual del debate político, sin que exista responsabilidad jurídica alguna.

Mientras tanto, en otros lugares de Europa ya se están dando pasos valientes para proteger la democracia.

El Parlamento de Gales (Senedd) ha impulsado una normativa pionera que permite sancionar a políticos y candidatos que engañen deliberadamente al electorado, llegando incluso a la pérdida del cargo, con supervisión de tribunales independientes.

La democracia no puede funcionar si el voto se basa en la mentira.

No se trata de opiniones, ni de errores honestos, ni de debates ideológicos.

Se trata de falsedades deliberadas, difundidas con el objetivo de manipular al electorado.

Hoy, en España:

Mentir sale gratis.

El castigo es solo moral… y suele no existir.

El ciudadano es quien asume las consecuencias.

Solicitamos al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Justicia y a la Junta Electoral Central que impulsen una reforma legal para:
Tipificar la mentira electoral deliberada como infracción sancionable.
Establecer mecanismos independientes de evaluación (no partidistas).
Aplicar sanciones proporcionales, incluida la pérdida del cargo en los casos graves.
Exigir honestidad a quienes nos gobiernan no es radical.
Es el mínimo estándar democrático.
Si otros países pueden hacerlo, España también puede.
Llamada final
Firma y comparte esta petición si crees que la democracia no puede construirse sobre la mentira