Derogación de la "Ley de Financiación a los Partidos Políticos" en España

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INICIATIVA LEGISLATIVA

En mérito de la LO 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Que desarrolla el derecho reconocido en el Art. 87.3 de la Constitución Española de 1978 de presentación de proposiciones de ley por parte del pueblo español. Y en base a la legitimidad que reconoce dicho derecho de que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre las normas que a ellos mismos afectan, base y principio de todo régimen democrático. Así como al amparo del Art. 1.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 que establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” Se presenta ante el congreso de los diputados una iniciativa legislativa popular basada en las siguientes exigencias y requisitos:

1- La derogación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
2- La aprobación de una ley que establezca la prohibición de la financiación de partidos políticos a través de cualquiera de los siguientes cauces:
a) Fondos públicos de cualquier tipo.
b) Donaciones privadas.
c) Créditos o empréstito con cualquier entidad u organización.

3- Que la nueva ley de financiación de los partidos políticos determine sus recursos económicos permitidos, exclusivamente en atención al Art. 2 – Dos a) y b) que son “Las cuotas y aportaciones de sus afiliados” y “Los productos de las actividades propias del partido así como de aquellas, reflejadas en la documentación contable y sometidas al control del Tribunal de Cuentas, que se vengan desarrollando tradicionalmente en sus sedes y faciliten el contacto y la interacción con los ciudadanos; los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio; los beneficios procedentes de sus actividades promocionales y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos”

Con ello no se pretende mas que garantizar el vínculo entre las necesidades de la ciudadanía y la positivación de las normas que a esta afecta y el carácter de utilidad civil de los partidos políticos cuya función social viene recogida en el Art.2 de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, la cual reza que “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

Siendo esta medida imprescindible, que para que los únicos agentes políticos reconocidos en la constitución española de 1978 atiendan forzosamente a las demandas de la ciudadanía. Previniendo así de injerencias en la actividad política por intereses que no sean los propios de los ciudadanos/as de España.