He vivido una situación profundamente decepcionante: más de medio millón de españoles nos hemos visto privados de nuestro derecho al voto. Este derecho fundamental, un pilar básico de nuestro sistema democrático, ha sido negado por decisiones tomadas desde la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Las consecuencias de estas decisiones no son solo legales, sino humanas, ya que afectan directamente a nuestras libertades y a nuestra capacidad para participar en el desarrollo de nuestra sociedad.

Este fallo pone en tela de juicio la capacidad de juicio de los magistrados involucrados, y se cierne una sombra de duda sobre su imparcialidad y su salud mental. Considero que un examen psiquiátrico podría no solo aclarar las intenciones y la racionalidad detrás de sus acciones, sino que así también garantizaría un sistema judicial que funcione correctamente y proteja los derechos de todos los ciudadanos.

El Tribunal Supremo, depositario de nuestra confianza para la justa aplicación de la ley, debe rendir cuentas de sus decisiones, especialmente cuando vulneran derechos constitucionales. Para restablecer nuestra fe en el sistema judicial y garantizar el respeto por la democracia, propongo el internamiento psiquiátrico urgente de los magistrados implicados para evaluar su idoneidad y asegurar que actúan conforme a un criterio equilibrado y justo.

Tu firma puede ser el primer paso para corregir este grave error y devolver a más de medio millón de españoles sus derechos electorales. Firma esta petición para exigir transparencia y responsabilidad en nuestro sistema judicial. No permitamos que continúen estos atropellos a nuestros derechos fundamentales.