Soy un ciudadano que, por obligaciones laborales, me veo forzado a cambiar de domicilio y mudarme a otra provincia. Esto implica vender mi vivienda principal y adquirir una nueva en mi futuro lugar de residencia. No es una acción especulativa ni un intento de negocio, sino una necesidad. La vivienda, como reconoce el artículo 47 de la Constitución Española, es un derecho constitucional.

Mi caso no es aislado. Muchas personas se ven forzadas a cambiar de vivienda por circunstancias de la vida: cambiar de empleo, formar una familia, cuidar a los seres queridos, entre otros. Considero que el sistema fiscal actual pone trabas a la adquisición de una primera vivienda o a la mudanza por necesidad.

Por eso propongo la presentación de una proposición de ley para que la primera vivienda o vivienda habitual no se grave con el IVA ni con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Considero que la segunda vivienda debería gravarse con un 20%, la tercera con un 30%, la cuarta con un 40% y la quinta y sucesivas con un 50%. Esta gradación preventiva en el gravamen puede actuar como un freno real a la especulación inmobiliaria. A su vez, este sistema mejoraría los ingresos tributarios por parte del Estado, sobre todo recaudando impuestos de lis grandes tenedores de inmuebles.

Esta reforma permitiría un mayor acceso a la vivienda, especialmente para aquellos que más la necesiten. Permitirá a personas como yo tener una mayor movilidad laboral y familiar sin ser castigados financieramente.

Es hora de cambiar la ley para alinearlo con una visión del derecho a la vivienda que respeta los cambios en la vida personal y laboral. Firmar esta petición es dar un paso hacia este cambio.