Ante la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026, exigimos al Gobierno Nacional garantizar que toda vivienda reconstruida, reparada o entregada a las personas damnificadas por este desastre sea segura, digna y adecuada para sus habitantes, cumpla la normativa colombiana de construcción sismorresistente y cuente con diseño, evaluación estructural y supervisión técnica profesional.

La reconstrucción debe realizarse con los recursos públicos y de cooperación nacional e internacional destinados a la atención de la emergencia, sin trasladar a las familias damnificadas la responsabilidad financiera o técnica de reconstruir sus propias viviendas.

La participación de las comunidades damnificadas en las labores de reconstrucción debe ser voluntaria y no puede sustituir las responsabilidades financieras, técnicas y profesionales que corresponden al Estado. Las familias afectadas por el desastre deben recibir viviendas reconstruidas bajo condiciones que garanticen su seguridad y habitabilidad, independientemente de su capacidad para aportar mano de obra.