​Cada día, miles de familias confían lo más sagrado que tienen —sus hijos— a los centros educativos. Sin embargo, para los alumnos con discapacidad, esta confianza a menudo se vive con una profunda angustia invisible.

​Muchos de estos estudiantes no tienen herramientas de defensa autónomas o, directamente, no pueden hablar para contar cómo ha sido su día a día, si han sufrido un trato inadecuado, situaciones de aislamiento o abusos. Cuando se produce una vulneración de sus derechos, la carga de la prueba suele ser imposible de sostener, dejando a las familias indefensas y a los agresores en la impunidad. No podemos permitir que la falta de comunicación o de movilidad de un alumno sea una barrera para garantizar su integridad y su bienestar.

​La solución: Regulación de mecanismos de protección y transparencia
​Para acabar con esta desprotección, es urgente sentar las bases legales y regulatorias para la implantación de mecanismos de defensa y supervisión en las aulas, como sistemas de videovigilancia debidamente regulados (garantizando siempre la privacidad, el cumplimiento de la normativa de protección de datos y el acceso restringido ante sospechas o indicios de abuso).

​Esta medida busca crear un entorno de total transparencia donde el bienestar del alumnado sea la máxima prioridad. Siendo un beneficio para toda la comunidad educativa.

​Lejos de ser una medida aislada o punitiva, la implantación de estos sistemas y la regulación de una mayor protección en las aulas aporta un valor incalculable para toda la comunidad educativa:

​Para los alumnos con discapacidad: La garantía real de que su voz (o su silencio) está protegida y de que cualquier abuso será detectado y evitado.
​Para los docentes: Una herramienta de respaldo legal y profesional. Las grabaciones y los sistemas de control transparente protegen al profesorado frente a acusaciones infundadas, respaldando su labor diaria y demostrando su buen hacer.
​Para el resto del alumnado: Un entorno más seguro, disuasorio frente a cualquier tipo de acoso (bullying) y donde se respira una cultura de cuidado mutuo.
​Una palanca para conseguir más recursos: Estas herramientas no solo sirven para vigilar, sino para evidenciar las costuras del sistema. Permitirán constatar de forma objetiva la falta de personal de apoyo, educadores especiales o recursos materiales, obligando a las administraciones a invertir más y mejor en los centros educativos.

Nuestra petición a las Administraciones Públicas

​Por todo ello, exigimos al Ministerio de Educación, a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y a los organismos competentes:

​La apertura de un marco de diálogo y regulación para estudiar e implantar de forma progresiva mecanismos de protección y supervisión (como cámaras de vigilancia bajo estrictas garantías legales) en las aulas de educación especial y ordinaria con alumnado vulnerable.

​El compromiso de dotar a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios (auxiliares de conversación, educadores de apoyo, psicólogos) que se evidencien como imprescindibles a través de estos sistemas de control y mejora continua.

​Protocolos claros y ágiles de actuación ante cualquier indicio de abuso o desprotección hacia el alumnado con discapacidad.