¿A quiénes afecta?
El proyecto Embalse Zapallar, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, amenaza directamente a comunidades rurales de las comunas de San Ignacio, El Carmen y Pinto, en la Región de Ñuble. Su construcción implica expropiaciones forzadas, destrucción de tierras agrícolas utilizadas por la agricultura familiar campesina, pérdida de emprendimientos de turismo rural y daños irreversibles al bosque nativo, esteros, patrimonio arqueológico, flora y fauna del valle del Diguillín.

¿Qué está en juego?
Este mega embalse financiado con cerca de 350 millones de dólares de fondos públicos, beneficiaría a grandes agroindustrias mediante derechos de aprovechamiento de agua (DAA). La red de canales de cemento fragmentará aún más el territorio. Además, la drástica reducción del caudal afectará a la cuenca del río Itata. A pesar de las graves falencias, irregularidades y la oposición de las comunidades, el gobierno ha aprobado la primera etapa y ya lanzó la licitación del proyecto, disfrazándolo de amigable con el medioambiente.

* Los 350 millones de dólares es un monto informado por el MOP antes de la pandemia por COVID-19. Esto podría aumentar cuando realicen la evaluación de la red de canales.

¿Por qué el momento de actuar es ahora?
Estamos ante una oportunidad crucial para frenar un proyecto injusto y devastador. La segunda etapa del embalse aún no ha sido presentada, y podemos alzar la voz para detenerlo. Necesitamos un desarrollo verdaderamente sustentable, con participación ciudadana real, y que proteja los bienes comunes y a quienes habitan este territorio.

Firma esta petición para exigir al gobierno, al parlamento y a los organismos responsables que detengan el Embalse Zapallar. ¡Defendamos el río Diguillín y el futuro de sus comunidades!

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