¡Por una investigación estatal sobre las tutelas de menores en España! Nuestros niños merecen protección, no indefensión.

Pedimos al Gobierno de España una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre las actuaciones de los servicios de protección de menores de todas las comunidades autónomas.

En España, miles de niños y adolescentes se encuentran bajo medidas de protección de las administraciones públicas. Estas instituciones tienen la obligación de garantizar su seguridad, bienestar y derechos fundamentales. Sin embargo, existen denuncias de familias y profesionales sobre posibles informes sesgados, valoraciones insuficientemente fundamentadas, decisiones desproporcionadas y dificultades para impugnar determinadas actuaciones administrativas.

Las controversias relacionadas con la DGAIA de Cataluña y los casos conocidos en Baleares hacen todavía más necesario examinar cómo funcionan los mecanismos de supervisión, prevención y control de los sistemas autonómicos de protección de menores.

También se han señalado estudios y análisis relativos a la Comunidad de Madrid que apuntarían a un 33 % de irregularidades. Consideramos imprescindible verificar estos datos, identificar su metodología y determinar su verdadero alcance.

No podemos permitir que una decisión que afecta a la vida de un menor y a su relación con su familia carezca de las máximas garantías jurídicas.

La retirada de la guarda o la tutela familiar constituye una medida de enorme trascendencia. Debe estar suficientemente motivada, responder al interés superior del menor y estar sometida a controles efectivos.

Por todo ello, solicitamos al Gobierno de España y a las instituciones competentes:

1. Una investigación estatal independiente sobre posibles irregularidades en los procedimientos de declaración de desamparo, asunción de tutela y separación familiar.

2. La solicitud de información a todas las comunidades autónomas sobre el número de menores tutelados, causas de desamparo, duración de las medidas, recursos presentados y resoluciones judiciales que hayan revocado decisiones administrativas.

3. Una auditoría de los informes psicosociales y técnicos, para detectar posibles sesgos, contradicciones, falta de motivación o deficiencias metodológicas.

4. Una investigación específica de las controversias vinculadas a la DGAIA de Cataluña y a los casos de Baleares, con especial atención a las responsabilidades institucionales y los mecanismos de supervisión.

5. Mayor transparencia y garantías para las familias y los menores, facilitando el acceso a los expedientes, la revisión independiente de las decisiones y el cumplimiento efectivo del derecho de defensa.

6. La publicación de un informe estatal de resultados, con recomendaciones y propuestas de reforma legislativa cuando resulten necesarias.

No cuestionamos la necesidad de proteger a los niños frente al maltrato, el abandono o cualquier situación de peligro. Al contrario: exigimos que esa protección sea rigurosa, justa y verdaderamente orientada a su bienestar.

Proteger a un menor no puede significar ignorar sus derechos ni los de su familia.

Una administración que toma decisiones tan importantes debe poder explicar, justificar y someter a revisión cada una de sus actuaciones.

Firma esta petición para exigir al Gobierno de España transparencia, investigación y garantías jurídicas en el sistema de protección de menores.

Porque los niños no son expedientes administrativos. Son personas con derechos, vínculos afectivos y un futuro que debemos proteger.