Mtro. Alejandro Armenta Mier
Gobernador electo del Estado de Puebla
A la atención de:
Dip. Laura Artemisa García Chávez, Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)
Fracciones Parlamentarias de la LXII Legislatura del Congreso del Estado
A la opinión pública
A los medios de comunicación:

Quienes suscribimos la presente, ciudadanas y ciudadanos en pleno goce de nuestros derechos civiles, sociales y políticos, nos dirigimos a ustedes para exponer lo siguiente:

A) Como es de su conocimiento, en octubre de 2021, el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto mediante el cual se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas entre 1965 y 1990. Las funciones y objetivos de esta comisión son investigar, seguir, fiscalizar, proponer y emitir informes relacionados con las violaciones graves de derechos humanos durante el periodo de violencia política de 1965 a 1990, con el fin de realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral del daño y el derecho a la memoria.

B) En el informe Fue el Estado (agosto de 2024), hay un dato que debe llamarnos la atención y prender las alarmas: durante el periodo que abarca el informe, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en masacres y violaciones graves a los derechos humanos, con 91 víctimas. Le siguen los estados de Chiapas, Sinaloa y Oaxaca, entre otros. En Puebla, se han cometido masacres y asesinatos en Huehuetlán el Chico, San Miguel Canoa, Monte de Chila, el ataque a la UAP (ciudad de Puebla), Rancho Nuevo, y los asesinatos de militantes del extinto PRD, entre otras masacres y asesinatos masivos.

C) En nuestro estado, han sido asesinados, desaparecidos o encarcelados maestros, dirigentes políticos y sociales, campesinos, obreros, indígenas, militantes de partidos de oposición (PRD), defensores ambientales y del agua, líderes sociales, entre otros.

Por lo anterior, proponemos lo siguiente:

1. Creación de la Comisión de la Verdad, la Memoria y la Justicia, independiente y autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. Que el Congreso del Estado apruebe una Ley Estatal de la Memoria.
3. Creación de una Fiscalía Especializada en Atención de Víctimas de la Represión Política y Social.
4. Elaboración de un Registro Estatal de Violadores de Derechos Humanos, con el objetivo de que estas personas no puedan ocupar cargos públicos ni ser candidatas a puestos de representación popular.
5. Realización de juicios post mortem a los gobernantes represores y violadores de los derechos humanos en nuestro estado.
6. Cambio de la nomenclatura de calles, avenidas, bulevares, escuelas, mercados y hospitales que lleven el nombre de gobernantes represores y violadores de derechos humanos, considerando el periodo desde el gobierno de 1940-2019
7. Que la Fiscalía de Justicia del Estado informe sobre el estatus de las averiguaciones previas —actualmente carpetas de investigación— relacionadas con el asesinato de más de 40 militantes del extinto PRD.
8.  Incorporar la educación en derechos humanos en todos los niveles, destacando las violaciones pasadas y presentes, con recursos como testimonios, archivos y sitios de memoria. Incluir la participación de víctimas y colectivos en el diseño de esta implementación.
9. Creación de un equipo de trabajo para la revisión hemerográfica que permita analizar el papel que han tenido los medios de comunicación frente a los múltiples hechos de violencia en Puebla.
10. En el marco del 55 aniversario de la cruel matanza y etnocidio de Monte de Chila, a inicios del próximo año, proponemos la realización de diversas actividades conmemorativas, y consideramos importante que el gobierno del estado, en un acto especial, pida perdón a las víctimas y sus familiares.
11. Finalmente, solicitamos al arzobispo de Puebla, Don Víctor Sánchez Espinosa, que pida perdón a las víctimas y sus familiares del linchamiento ocurrido en septiembre de 1968, tanto a los trabajadores de la UAP como a los líderes campesinos asesinados en la comunidad de San Miguel Canoa, azuzados por el párroco Enrique Meza Pérez.

¡Sin memoria no hay futuro!

¡Ni perdón ni olvido, justicia!
¡Memoria, verdad y justicia!

Colectivo Semilla