Gracias al esfuerzo y la gestión de distintas asociaciones y corporaciones, el gobierno actual ha dado solución parcial a uno de los errores más grandes para la industria de alimentos y bebidas alcohólicas; la ley 1816 del 2016, habría convertido las BPM en una obligatoriedad, ahora un decreto las convierte en una certificación voluntaria.

Su vigencia será a partir del 15 de enero.

En estos momentos estamos trabajando en un documento formal que permita que durante los siguientes tres meses, mientras el nuevo decreto entra en vigencia, no sea un condicional ni un objeto de sanción, el no tener BPM entre el 16 de noviembre y el 15 de enero.

En cuánto recibamos respuesta, se los daremos a conocer.