A los presos políticos argentinos, militares, policías y civiles, no se les aplica la ley. En particular, y más allá de la necesidad de revisar los juicios realizados, no gozan los beneficios del "2x1", ni (mayoritariamente) de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, y sus prisiones preventivas exceden, en mucho, el máximo permitido en la Argentina y en el mundo, de conformidad con los tratados firmados.