Soy un testigo de primera mano de cómo nuestros gobernantes han fallado en sus deberes para con el pueblo. Tras cinco días de inactividad después de la devastadora tempestad de la DANA en Valencia, no se llevó ni una sola botella de agua a los afectados. Gente que no tenía ropa seca para ponerse quedó completamente abandonada. Esto es inaceptable.

La función primaria de cualquier funcionario público es proporcionar bienestar al pueblo. Sin embargo, eso no sucedió aquí. El gobierno no cumplió con su deber de proteger y proveer a su ciudadanía en una crisis. Los valencianos han sido dejados a su suerte durante días, tras sufrir una catástrofe devastadora.

El hecho de que los funcionarios responsables de la asistencia y el alivio no hicieran nada durante días es más que una negligencia. Es, en mi opinión, un incumplimiento de contrato. Si tuviesen un mínimo de decencia, dimitirían sin necesidad de solicitarlo.

Deseo proponer una solución: Permitir a los ciudadanos rescindir el contrato de cualquier funcionario que no cumpla con sus obligaciones. Para lograr esto, necesitamos una legislación que permita al pueblo tener control sobre aquellos a quienes les hemos dado la responsabilidad de cuidar de nosotros.

Este cambio permitirá a la ciudadanía tener una voz más fuerte y un control efectivo sobre quienes están en el timón de nuestro bienestar. Dará lugar a un gobierno más responsable y eficaz, uno que no dejará a su gente desamparada en tiempos de crisis.

Firma esta petición para dar poder al pueblo y responsabilizar a nuestros gobernantes. Porque nosotros, el pueblo, merecemos un gobierno que atienda nuestras necesidades, especialmente en tiempos de crisis.