Sabemos bien que en Honduras ha habido gran corrupción e impunidad. En el 2011, de cada 100 homicidios, solo 4 recibieron una sentencia condenatoria. En el 2017, 12 casos de 100 son los que tienen una condena. De modo que la impunidad es perturbadora y el índice de percepción de corrupción sigue siendo bajo.

En el 2015, la población hondureña se manifestó indignada por el saqueo del Seguro Social, gracias a ese clamor por justicia, Honduras firmó con la OEA el convenio MACCIH. Esta misión ha sido de gran importancia. En los casos de corrupción, hasta el 2018, la MACCIH-UFECIC ha presentado diez casos de corrupción por un monto mayor de 9 mil 633 millones de lempiras, dinero que debió haber sido utilizado en el sistema de educación o salud, para beneficiar a los más vulnerables. Apesar de todos estos logros, la población hondureña desea justicia en casos de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos.

Nos preocupa que el convenio entre Honduras y la OEA que habilita a la MACCIH en el país, acabará en menos de un año, y no queremos que las investigaciones que ellos presenten queden en impunidad especialmente porque el sistema judicial del país aún no se encuentra suficientemente fortalecido como para luchar contra este flagelo por sí mismo.

De modo que pedimos la ampliación del convenio OEA y Honduras que habilita la MACCIH por al menos cuatro años más.

Nos preocupa que desde el 18 de abril del 2017, el Congreso Nacional tenga engavetada la Ley de Colaboración Eficaz, que permitiría recoger testimonios y pruebas útiles para desarticular redes de corrupción y de crimen organizado en el país. La MACCIH ha hecho hincapié en la necesidad de tal ley, así como de reformas sobre la clasificación de documentos públicos (Ley de Secretos), y reformas al sistema de enjuiciamiento para altos funcionarios del Estado.

Solicitamos a los diputados del Congreso Nacional que aprueben la Ley de Colaboración Eficaz, y se modifique la Ley de Secretos.