NOVIEMBRE PUEDE MARCAR UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

No nos oponemos a mejorar. Nos oponemos a que la mejora sea inviable.

El Gobierno, presidido por el PSOE, pretende impulsar una nueva regulación estatal que reduzca drásticamente las ratios de las aulas de educación infantil de 0 a 3 años. La propuesta conocida establece un ratio profesor/alumno de 4 bebés de 0 a 1 año, 6 niños de 1 a 2 años y 8 de 2 a 3 años , decreto que pretenden firmar en el próximo mes de Noviembre, antes de las elecciones. Esta nueva normativa reduce plazas y duplica el personal de las escuelas.

La intención de mejorar la atención educativa puede ser legítima. Lo que nos preocupa es que se avance hacia la aprobación de esta norma sin un acuerdo suficiente con todo el sector y, sobre todo, sin un plan de financiación que permita hacerla viable.

Una mejora educativa no puede convertirse en una condena para las escuelas, las familias y las profesionales que sostienen cada día la educación infantil.

¿Qué consecuencias puede tener esta decisión?

1. Menos plazas escolares.

Al reducirse el número de niños que cada aula puede atender, muchos centros perderían una parte importante de su capacidad autorizada. Los gastos fijos, sin embargo, seguirían existiendo: alquileres, suministros, instalaciones, seguros, mantenimiento y personal necesario para garantizar el funcionamiento del centro.

Para algunas escuelas, esta situación podría hacer inviable su continuidad y obligarlas a cerrar.

2. Cuotas mucho más elevadas para las familias.

Si los centros deben asumir más gastos , atendiendo a muchos menos niños, necesitarán más ingresos por plaza para mantenerse abiertos. Sin financiación pública suficiente, el incremento podría trasladarse a las cuotas mensuales.

El riesgo es que la educación infantil privada deje de estar al alcance de numerosas familias trabajadoras, que necesitan este servicio para conciliar y ofrecer a sus hijos una educación de calidad.

3. Más de 60.000 puestos de trabajo en riesgo.

La red privada de educación infantil sostiene miles de empleos, ocupados mayoritariamente por mujeres. Si los centros pierden plazas, reducen su actividad o cierran, las consecuencias laborales pueden ser muy graves para educadoras, técnicas y demás profesionales del sector.

4. ¿Quién atenderá a los niños que se queden sin plaza?

La red pública es imprescindible, pero nos preocupa que no disponga de capacidad suficiente para absorber a todos los niños que podrían quedarse sin plaza si desaparece una parte importante de la red privada.

Las consecuencias afectarían a miles de hogares: más dificultades para encontrar escuela, mayores costes y una conciliación familiar y laboral mucho más complicada.

Queremos mejorar la calidad, pero con financiación suficiente

No estamos en contra de reducir ratios, mejorar la atención individualizada ni reforzar los equipos educativos. Al contrario: creemos que la educación infantil merece más recursos, mejores condiciones y un reconocimiento real de su importancia.

Pero esas mejoras requieren una inversión pública adecuada, una planificación responsable y la participación de todos los sectores afectados.

No se puede exigir más inversión a las escuelas, reducir sus plazas y trasladar el coste a las familias sin ofrecer soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema.

Por eso pedimos al Gobierno y al Ministerio de Educación:

- Que no se apruebe una reforma de estas características sin escuchar y alcanzar acuerdos con el conjunto del sector.
- Que se evalúe de forma transparente el impacto económico, educativo, laboral y social de las nuevas ratios.
- Que se establezca una financiación pública suficiente para hacer posible la mejora de la calidad sin provocar cierres ni cuotas inasumibles.
- Que se garantice una oferta de plazas suficiente y accesible para todas las familias, con independencia de sus ingresos.
- Que se proteja el empleo de las profesionales que trabajan en la red privada de educación infantil.

Las familias tenéis derecho a conocer lo que está en juego

La educación infantil de 0 a 3 años no es un lujo. Es una etapa esencial para nuestros hijos e hijas y un apoyo imprescindible para la conciliación de miles de familias.

Si la nueva regulación sale adelante sin medidas económicas que la acompañen, las consecuencias pueden ir mucho más allá de las escuelas: pueden afectar a los precios, al empleo, a la disponibilidad de plazas y a la igualdad de oportunidades.

Por eso necesitamos tu apoyo.

Firma y comparte esta petición para reclamar una reforma dialogada, viable y financiada, que mejore la educación infantil sin poner en peligro la continuidad de los centros ni el acceso de las familias.

Mejorar, sí. Pero con recursos, diálogo y realidad.