En el Perú, el 91% de los ciudadanos rechaza el desempeño del Congreso de la República. Esta falta de legitimidad responde a una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población.

Solo en el último año, el Congreso a través del Pleno y las distintas comisiones ha venido avanzando en la aprobación de un paquete de "anti-reformas" legislativas que ponen en peligro a nuestro país. Por un lado, intentan entorpecer el sistema de justicia aprobando una ley con el que se limita los procesos de colaboración eficaz, así como una ley que favorece a las organizaciones criminales en los procesos de allanamiento judicial. Asimismo, han planteado una norma para eliminar la Junta Nacional de Justicia, con el fin de regresar al antiguo esquema normativo que favorece la impunidad. Pese a todas las alertas institucionales tanto de instancias nacionales como internacionales sobre la gravedad de estas normas, el Congreso ha decidido imponerse de manera arbitraria violando el principio de separación de poderes que toda democracia necesita para existir. 

A nivel del sistema político y electoral, han aprobado reformas constitucionales como la reelección inmediata y la Bicameralidad sin contemplar la opinión ciudadana que en el referéndum del 2018 expresó mayoritariamente su negativa a estas reformas. Asimismo, han aprobado leyes para eliminar a los movimientos regionales y locales; para eliminar la paridad horizontal que promovía la participación de las mujeres en política, e incluso han eliminado el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el que se buscaba fortalecer el sistema de representación ciudadana ante los partidos políticos.

Todas estas normas, sumados a los continuos escándalos ya conocidos como los "Mochasueldos", "Los Niños"; "Los congresistas fantasmas"; el afán por aumentarse el sueldo; el goce de más privilegios injustificados como viajes y bonos; los blindajes recurrentes en la Comisión de Ética; y las distintas investigaciones fiscales sobre los congresistas que habrían negociado su apoyo a la ex Fiscal de Nación de Patricia Benavides a cambio del archivamiento de sus carpetas, requiere que la ciudadanía organizada tome acciones para frenar la irreverencia de aquellos parlamentarios que se siguen burlando de nuestro país desde la comodidad del poder político. 

Por ello, Coalición Ciudadana ha tomado la iniciativa de solicitar a instancias gubernamentales de otros países la revocatoria de visas para todos los congresistas involucrados en casos de corrupción u otros delitos graves, así como aquellos que sistemáticamente vienen aprobando normas en contra del Estado de Derecho en perjuicio de nuestra democracia. El retiro de visas es una medida que se ha utilizado anteriormente en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, donde diversos funcionarios implicados en actos antidemocráticos han sido sancionados de esta manera.

Los viajes de los parlamentarios no solo significan un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no es merecido para un sector mayoritario de congresistas que le den la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados. 

Súmate y comparte esta medida de protesta digital. No permitamos que los congresistas tengan el camino fácil para seguir destruyendo nuestro país frente a todos nosotros. Seamos el cambio.

Toma conciencia. Indígnate. Actúa. 

Coalición Ciudadana.