Este problema afecta directamente a más de 40,000 pacientes de todas las regiones del Perú registrados en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC). Estos pacientes, que enfrentan una variedad de diagnósticos, dependen del cannabis medicinal para tratar sus dolencias. Entre ellos se encuentran personas que luchan contra el dolor crónico, la inflamación, las convulsiones, la ansiedad y diversas condiciones médicas. La limitada emisión de licencias de cultivo, principalmente en manos de la industria farmacéutica, deja al 99% de los cultivadores y productores artesanales en una situación vulnerable ante posibles denuncias penales. Este escenario afecta no solo a los pacientes sino también a quienes están comprometidos con el cultivo asociativo y la producción artesanal, y luchan para garantizar el acceso equitativo a medicamentos cannábicos.

Está en juego la salud y el bienestar de los pacientes que confían en el cannabis medicinal. La falta de licencias de producción con cultivo asociativo (LPA) y las barreras burocráticas impiden un acceso seguro y asequible a medicamentos cannábicos. Además, la situación actual propicia un clima propenso a la extorsión por parte de policías corruptos y competidores desleales. La falta de acción inmediata podría aumentar los riesgos legales para las asociaciones que no obtengan la LPA, exponiéndolas a denuncias penales y a sus líderes a condenas por delitos contra la salud pública, específicamente "tráfico ilícito de drogas". Esto no solo amenaza la seguridad jurídica de estas asociaciones sino que también socava los esfuerzos por regularizar el acceso al cannabis medicinal.

La necesidad de actuar ahora radica en garantizar un acceso seguro, regulado y asequible a los pacientes y la libertad y el derecho al trabajo de los cultivadores de cannabis medicinal en Perú. El nuevo Reglamento (Decreto Supremo 004-2023-SA) ya está en vigencia desde el pasado 1 de septiembre, pero hasta la fecha no se ha otorgado ninguna LPA. La falta de licencias municipales, la ausencia de centros autorizados para el control de calidad y el riesgo de extorsión demandan una acción urgente.

Ante este escenario, la despenalización de todas las actividades relacionadas con la cannabis, en concordancia con las leyes medicinales vigentes, se presenta como la solución más efectiva para evitar la criminalización y la exclusión social. La paradoja de tener leyes que reconocen su valor medicinal, como la Ley 30681 del 2017 para empresas farmacéuticas y la Ley 31312 del 2021, que incluyó la Producción Artesanal con Cultivo Asociativo, mientras persiste la amenaza de denuncias penales en base a la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Decreto Ley N° 22095 de 1978), el Reglamento de Estupefacientes (Decreto Supremo N° 023-2001-SA) y la Política Nacional Contra las Drogas de DEVIDA, debe abordarse de inmediato. Son esenciales cambios legislativos que consideren que el cultivo y posesión para el propio consumo, personal o colectivo, no son actividades tipificadas como delito en el Código Penal peruano.

La firma en esta petición es crucial para impulsar cambios y romper las cadenas que amenazan la dignidad y el bienestar de quienes dependen del cannabis medicinal, y de quienes trabajan por la salud de los pacientes.

Firma ahora: #NoMásPresxsPorCannabis #NoMásPresxsPorPlantar #NoMásPresxsPorCultivar