El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, tiene una historia de omisiones y excesos en su función pública en agravio no solamente de las víctimas de violaciones a derechos humanos sino de sus propios trabajadores. En su contra existen por lo menos 15 demandas laborales y otras denuncias por hostigamiento y violencia laboral.

Muchos de estos casos se habían mantenido reservados  por temor a los mecanismos jurídicos del Estado para hostigar  y criminalizar a sus ex empleados, que Nava ha utilizado anteriormente ( http://vozimparcial.com/reves-a-miguel-nava-defensor-de-dd-hh-en-queretaro/ ).

En los últimos días, con motivo del fin de su mandato y con la esperanza de encontrar justicia, diversas voces se han levantado para denunciar irregularidades. Colectivos y organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado respecto de los casos de violencia y hostigamiento laboral a mujeres, haciendo un recuento de las denuncias de irregularidades financieras y administrativas a lo largo de su gestión (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfxNLET-Tz2PEd4wjNRH_79HBrSurYQBtA7EzIocc2wzhdA/viewform ).

El actual presidente de la Defensoría, con todo el perfil de agresor, ha pretendido minimizar y desvirtuar las denuncias, revictimizando a sus víctimas y declarándose en contra de quien alza la voz para denunciar lo que pasa en el organismo que debería velar por los derechos de los ciudadanos.

Desde que se eligió como Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava ha tenido diversos cuestionamientos desde la legalidad del nombramiento hasta la gestión administrativa y presupuestaria. En este mes se decide si la Legislatura del Estado de Querétaro ratifica su nombramiento como presidente. Como ciudadanía no podemos permanecer indiferentes ante esta situación.

Por lo anterior, exigimos a la Legislatura del Estado de Querétaro:

1. Realizar una auditoría inmediata respecto del ejercicio de recursos públicos otorgados a la Defensoría.

2. Investigar de manera urgente las condiciones de trabajo de su personal.

3. Ser efectiva representante de la ciudadanía y de sus demandas de no reelegir al actual titular de la Defensoría, pues hacerlo es un riesgo para todas las personas en el Estado.