Lo que mal empieza, mal acaba. Primero modificaron la Constitución de la CDMX para nombrar fiscal a Ernestina Godoy, siendo ella coordinadora de Morena en el Congreso local, y luego reformaron la ley para facilitarle la reelección. No solo legisló a su favor en abierto conflicto de interés, contrarió la autonomía de la fiscalía y convirtió la procuración de justicia en la capital en un instrumento faccioso del poder político, olvidándose de su responsabilidad con las víctimas y las y los ciudadanos.

La prioridad de la fiscal es hacer propaganda electoral, antes que contribuir con la seguridad y la tranquilidad de las familias. Por eso está más preocupada en maquillar cifras que en evitar la impunidad. Para reducir artificialmente los homicidios dolosos, reclasifica en los hechos los crímenes. Creció en cuatro años 205% lo que llaman “Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, pasando de 352 casos en 2019 a 1,076 en 2022.

Peor aún es la práctica de desaparecer desaparecidos que, por cierto, los gobernadores de Morena pretenden replicar. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuyos protocolos y metodología fueron aprobados con anuencia internacional, hubo en la Ciudad de México 3,584 desapariciones de 2019 a 2022, pero la Comisión de Búsqueda del Gobierno de la CDMX que avala y promueve la Fiscalía solo reconoce 779 personas desaparecidas, poco más de la quinta parte.

En esos mismos cuatro años, el feminicidio creció en 4%, la violación en 74%, el abuso sexual en 15% y el acoso sexual en 57%. Y para la población en general también empeoró la situación. El robo a transeúnte con violencia en espacio abierto al público se incrementó en más del 100%, de 896 en 2019 a 1,893 en 2022.

El uso partidista de una fiscalía que constitucionalmente es autónoma ha generado múltiples escándalos. Laura Morán y Alejandra Cuevas –la última estuvo 17 meses en prisión- fueron acusadas por delitos fabricados que ni siquiera existen en el Código Penal, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese no ha sido el único caso de venganza. A María Isabel Cal y Mayor, ex nuera del influyente contratista José María Riobóo, se le giró orden de aprehensión, se le congelaron las cuentas, se notificó alerta roja a la Interpol y se pidió la extradición por un supuesto homicidio que nunca existió, según las autoridades españolas. Arbitrariedad a favor de la oligarquía, pero quisieron ocultar el feminicidio de Montserrat, el cual solo se atendió porque se hizo público el video de un vecino.

Los hechos desmienten su supuesta preocupación por los delitos de género, burdo pretexto para violar la soberanía del estado de Morelos y detener al fiscal para hacerle un favor al gobernador de su partido, violando recurrentemente el fuero constitucional

La viciada aprobación de la Ley Godoy generó un proceso a la medida de la fiscal para su reelección y se ha pervertido el papel del Consejo Judicial Ciudadano, presidido por Jorge Nader Kuri, el cual debe definir en primera instancia la idoneidad de la permanencia en el cargo de Ernestina Godoy. En la ley se establece que el proceso debe ser “abierto y público”, pero mientras presumen sus visitas a las oficinas de la fiscalía se niegan a escuchar a los ciudadanos e incluso a las víctimas. La única forma de participación ciudadana que admiten es por vía epistolar, a través de un correo electrónico o entregada en sus oficinas, cumpliendo una serie de requisitos kafkianos. Sin audiencias públicas, sin transparencia y con total discrecionalidad, es evidente la simulación.

Pero la decisión final recae en los diputados locales. Para reelegirse, Ernestina Godoy necesita contar con la aprobación de dos terceras partes de los presentes y el oficialismo por sí solo no cuenta con los votos suficientes. Por eso llamamos a los legisladores de la capital, en especial a los de oposición, a que asistan y voten en contra de la continuidad transexenal de la fiscal de Claudia Sheinbaum. Con ello contribuirían a que los capitalinos cuenten con una fiscalía eficiente y realmente autónoma y evitarían la persecución política de opositores durante las campañas y que se tienda un manto de impunidad sobre el sexenio que termina. Sobra decir que ausentarse de la sesión o de la votación ayudaría en los hechos a la ratificación.

Las víctimas merecen justicia. Estaremos muy pendientes.

#NoMasFiscalCarnala

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