NO A LA GUERRA

                 LOS ARGENTINOS AFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA PAZ

Ante las expresiones del presidente Javier Milei, del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa Presti, relativos al conflicto bélico que se desarrolla en Oriente Medio, los abajo firmantes, exembajadores, referentes de Relaciones Internacionales, académicos y activistas por la Paz, manifestamos honda consternación y nuestro categórico rechazo al involucramiento de la República Argentina, que tales declaraciones traslucen. Además de temerarias, las afirmaciones de los funcionarios mencionados implican una abierta contradicción con la histórica adscripción de nuestro país a los principios y normas del derecho internacional y una flagrante violación de nuestro régimen constitucional.

En efecto, las afirmaciones públicas del Presidente de la Nación de que “Irán es nuestro enemigo” y que “vamos a ganar la guerra” expresan un nivel de compromiso en el conflicto bélico propio de un país que se encuentra en estado de guerra. Al respecto y aunque parezca una obviedad, es necesario destacar que Argentina no está en guerra con ningún país en tanto y en cuanto no se ha cumplido el proceso que establece la Constitución Nacional, para que, previa intervención del Congreso Nacional, exista una declaración de guerra. La conducta del presidente de la Nación, en el marco de un manifiesto alineamiento automático con Estados Unidos e Israel que el Congreso Nacional no ha avalado, desafía a la Constitución Nacional y al derecho internacional. 

Resaltamos que las facultades constitucionales de conducción de la política exterior, que corresponden al Poder Ejecutivo Nacional, no son absolutas ni discrecionales. De manera explícita, la Constitución Nacional ha atribuido competencias específicas al parlamento argentino en la materia, al establecer que corresponde al Congreso de la Nación “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones” (artículo 75 inciso 22) y “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz” (artículo 75 inciso 25). Desconociendo nuestra Carta Magna, Javier Milei se ha sumado a una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, comprometiendo a la Nación con un irresponsable alineamiento automático. Dicho posicionamiento genera, sin dudas, graves restricciones presentes y futuras, relativas a la toma de decisiones soberanas y autónomas.

Similar gravedad reviste que la República Argentina –en virtud de tal alineamiento incondicional– haya sido capaz de avalar, mediante una declaración oficial de la Cancillería, la agresión militar estadounidense-israelí contra Irán, mientras se encontraban en curso negociaciones diplomáticas en torno a la cuestión del desarrollo nuclear iraní. La afirmación del comunicado oficial de que la Argentina “valora y apoya las acciones conjuntas” para “neutralizar la amenaza que Irán representa” y la celebración de la “operación que resultó en la eliminación del líder Alí Jamenei” emitida por la Oficina del presidente evidencian una injustificable contradicción con los criterios vigentes en el derecho internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial, y/o la independencia política de cualquier Estado (Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas). La condena de la respuesta militar iraní, sin el previo rechazo de la agresión estadounidense-israelí, constituye una inadecuada toma de posición que justifica la violación del derecho internacional por parte de los Estados agresores.

Resulta igualmente preocupante y repudiable la relativización por parte del canciller de las amenazas que entraña el involucramiento en el conflicto bélico en curso. La apelación a que “el país tuvo dos atentados, sin estar alineado” denota el grado de irresponsabilidad e ineptitud de quien tiene a su cargo la gestión de la política exterior argentina. Los trascendidos sobre el hipotético envío de tropas a Medio Oriente y la habilitación de nuevos ejercicios militares sin autorización del Congreso, impulsados por el ministro de Defensa, exigen un rechazo explícito de la sociedad argentina y del parlamento.

Como han señalado destacados internacionalistas, la conducta del gobierno nacional configura el abandono de los criterios rectores de la política exterior argentina que aboga, en consonancia con lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas, por el respeto de la igualdad soberana de los Estados, la buena fe en las relaciones internacionales, el arreglo pacífico de las controversias, la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial, la independencia política de otros Estados y la no intervención en sus asuntos internos. 

No se trata solo de la vulneración de tradiciones diplomáticas consolidadas a lo largo de nuestra historia nacional, sino de una práctica apologética del unilateralismo militarista, la vulneración de la integridad territorial y la justificación de atroces ataques a la población civil. No puede omitirse, en este marco, el aberrante antecedente del posicionamiento del gobierno ultraderechista argentino en referencia al genocidio en Gaza. Javier Milei llegó a realizar una apología explícita de la masacre al considerar que “Israel no está cometiendo ni un solo exceso en Gaza”. 

El negacionismo y la complicidad acerca de la comisión de crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario se evidencian también en el silencio mantenido por el gobierno argentino respecto de los bombardeos, asesinatos de periodistas, desplazamientos y asesinatos de población civil en el sur del Líbano. También debe sumarse a este compendio de omisiones el silencio del gobierno argentino respecto a la prohibición de celebrar la misa del Domingo de Ramos al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, provocada por las fuerzas de seguridad israelíes, hecho que configura un grave atentado contra la libertad de culto. 

Instamos al conjunto de la sociedad argentina y, en especial, al Congreso de la Nación a expresar un categórico NO A LA GUERRA y a reafirmar el compromiso del pueblo argentino con la PAZ, la SOLUCIÓN PACÍFICA Y NEGOCIADA DE LAS CONTROVERSIAS y el RESPETO IRRESTRICTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.                                 

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