El 8 de septiembre de 2026, el Gobierno de México envió al Congreso la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca reducir gradualmente el uso del efectivo en el país y fortalecer métodos como tarjetas, transferencias, pagos con QR y CoDi.

La digitalización de los pagos puede traer beneficios: menos costos, más transparencia y operaciones más rápidas. Pero impulsarla sin salvaguardas puede dejar fuera a millones de personas.

En México, una parte importante de la población no tiene cuenta bancaria, vive en zonas sin cobertura de internet o señal, o depende del efectivo para su economía diaria. Los adultos mayores, las comunidades rurales y los comercios informales serían los más afectados.

Por eso pedimos que la ley incluya, de forma explícita y verificable, los siguientes puntos:

El efectivo nunca puede desaparecer: que se garantice por ley la obligación de aceptar efectivo como medio de pago en todos los comercios y servicios públicos.
Infraestructura real antes que obligaciones: que los tres órdenes de gobierno cuenten con la infraestructura necesaria (internet, terminales, capacitación) antes de imponer plazos a comercios y ciudadanos.
Protección a poblaciones vulnerables: programas de educación financiera y acceso gratuito a cuentas y métodos de pago para adultos mayores, comunidades indígenas y zonas rurales.
Transparencia y rendición de cuentas: que el Congreso publique los estudios de impacto y abra consultas públicas antes de aprobar la ley.