Pedimos al Congreso de la Nación una ley que garantice la atención humana y presencial en los organismos públicos y en los servicios esenciales.

Cada vez resulta más difícil realizar un trámite sin utilizar una computadora, un teléfono móvil o una aplicación. Lo que se presenta como modernización puede convertirse, para muchos ciudadanos, en una barrera que les impide acceder a sus derechos.

Los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes carecen de conectividad o de conocimientos informáticos y quienes necesitan resolver situaciones complejas no pueden quedar a merced de una plataforma digital, un asistente automático o un sistema que no funciona.

Pero el problema no afecta solamente a esos sectores. Cualquier persona puede encontrarse ante una urgencia, un error informático o una gestión que requiere explicaciones y respuestas que un sistema automatizado no está en condiciones de brindar.

No nos oponemos a la tecnología. Queremos que se utilice para facilitar la vida de las personas, no para obligarlas a adaptarse a sistemas que pueden excluirlas. La atención digital debe ampliar las posibilidades de acceso, nunca convertirse en la única puerta de entrada.

Por eso, solicitamos a los diputados de la Nación que impulsen un proyecto de ley que garantice:

La disponibilidad de atención presencial y humana en los organismos públicos y en los servicios esenciales.
La prohibición de imponer canales exclusivamente digitales cuando ello impida realizar trámites o ejercer derechos.
La asistencia de personal capacitado para quienes necesiten ayuda.
La recepción de documentación y la continuidad de la atención ante fallas de los sistemas informáticos.
La posibilidad de acceder a un operador humano cuando los sistemas automatizados no resuelvan una consulta o un reclamo.
Queremos una modernización que incluya a todos y que respete la autonomía y la dignidad de cada persona.

Modernizar no debe significar excluir. Digitalizar no debe significar imponer.

Firmá esta petición para solicitar al Congreso de la Nación que debata e impulse una ley que garantice el derecho a una atención humana y presencial.