Pedimos al profesorado y a los profesionales de la educación que se adhieran a esta iniciativa para reclamar una respuesta que proteja a las familias con menores que se encuentran en riesgo de perder su vivienda.

Cristina es madre de una niña escolarizada en un centro educativo de Gijón y actualmente se encuentra en riesgo de perder la vivienda pública de carácter social en la que vive con su hija.

Tras atravesar una situación de violencia machista, Cristina pasó por un periodo de especial vulnerabilidad que derivó en una deuda relacionada con el pago de su vivienda. Aunque en una ocasión consiguió paralizar el desahucio, actualmente continúa en riesgo de perder su hogar y no se le está facilitando una vía que le permita afrontar la deuda de manera progresiva y mantener su vivienda.

Pero esta situación no afecta únicamente a Cristina.

Su hija está sufriendo las consecuencias de la incertidumbre y el miedo a perder su hogar, con repercusiones en su bienestar emocional y en su vida escolar.

Como profesionales de la educación, sabemos que la estabilidad familiar y habitacional es fundamental para el bienestar y el desarrollo de niños y niñas.

Cuando hay menores, no hablamos solo de una deuda
Consideramos necesario que, cuando una familia con menores se encuentra en riesgo de desahucio, las administraciones tengan en cuenta el impacto que la pérdida de vivienda puede tener sobre la infancia y busquen alternativas que permitan preservar el hogar siempre que sea posible.

Por ello pedimos:

• Que se tenga en cuenta la situación y el bienestar de los menores en los procesos de desahucio.
• Que se prioricen soluciones que permitan mantener la vivienda, incluyendo mecanismos para afrontar progresivamente las deudas.
• Que ninguna familia con menores quede sin una alternativa habitacional adecuada y estable.
• Que exista coordinación entre servicios sociales, vivienda y centros educativos ante estas situaciones.
• Que se tengan especialmente en cuenta las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la violencia machista.

¿Por qué el profesorado?
Los centros educativos no podemos solucionar los problemas de vivienda de las familias, pero sí podemos visibilizar cómo estas situaciones afectan directamente a nuestros alumnos y alumnas y reclamar que sus derechos sean protegidos.

Por eso pedimos la adhesión de maestras, maestros, profesoras, profesores, orientadoras, orientadores y profesionales de la educación de cualquier etapa y territorio.

Esta petición nace de un caso concreto, pero pretende defender algo que debería ser común a todos:

ningún niño o niña debería vivir con el miedo a perder su hogar por una situación que no está en su mano solucionar.

Hoy es la hija de Cristina. Mañana puede ser cualquier otro niño o niña.

Firma y comparte esta petición.