NECESIDAD DE RENDIR CUENTAS ¡YA! 

Las madres y padres necesitamos que los centros y responsables que no protejan a víctimas de acoso escolar en Ferrol rindan cuentas y se adopten medidas de protección y reparación

Solicitamos a la Xunta de Galicia / Consellería de Educación y al Concello de Ferrol una política clara y obligatoria que garantice la investigación independiente, medidas de protección, responsabilidades administrativas para centros y personal, y un fondo/seguro de reparación para las víctimas de acoso escolar.

Las víctimas de acoso escolar y sus familias no pueden seguir esperando que la responsabilidad recaiga sólo sobre ellas.

En Ferrol hemos conocido múltiples casos en los que centros, profesorado y responsables no actuaron a tiempo —o no actuaron— ante denuncias de acoso escolar psicológico, con consecuencias graves para la salud y la seguridad de los alumnos.

Por ello exigimos a la Xunta de Galicia/ Consellería de Educación y al Concello de Ferrol que adopten, con carácter urgente, las siguientes medidas:

Demandas concretas:

1. Investigaciones independientes y vinculantes

Creación de un procedimiento para que, cuando existan indicios serios de acoso escolar no resuelto por el centro, se active automáticamente una investigación independiente (equipos externos a centros e Inspección) cuyo informe sea vinculante para la Administración.

 

2. Registro público de centros con hallazgos contrastados

Establecimiento de un registro público  donde consten solo los centros con resoluciones administrativas firmes por mala gestión de casos de acoso, para garantizar transparencia y prevención.

El registro deberá respetar la protección de datos y publicar únicamente hechos acreditados.

 

3. Responsabilidades administrativas y medidas proporcionales

Aplicación de sanciones administrativas a centros y, cuando proceda por vía administrativa/judicial, sanciones laborales o prohibiciones temporales de ejercer a quienes, con prueba, hayan incurrido en negligencia grave. Las sanciones deberán respetar el derecho a la defensa y el debido proceso.

 

4. Fondo o seguro obligatorio para reparación a víctimas

Creación de un fondo público o seguro obligatorio contratado por los centros para que, en casos en que se acredite negligencia en la protección del alumnado, se articule de forma rápida una indemnización y cobertura de tratamientos (psicológicos, psiquiátricos, acompañamiento escolar).

 

5. Protocolos claros y registro de ausencias por riesgo

Modificar la normativa de absentismo para que las ausencias motivadas por acoso o riesgo para la salud sean consideradas justificadas y no penalicen a las víctimas. Establecer procedimientos para su justificación administrativa.

 

6. Formación obligatoria y evaluación anual

Formación obligatoria y acreditada en detección y gestión del acoso para directoras/es, profesorado y equipos de orientación; evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de protocolos.

 

7. Canal de denuncia independiente y seguimiento público

Canal de denuncia externo, con seguimiento público (sin vulnerar datos personales), plazos máximos de resolución y notificación a la familia.

 

8. Protección y confidencialidad para las víctimas

Garantizar medidas de protección inmediatas (separación de agresores, cambio de aula, atención sanitaria y psicológica) durante la investigación, sin revictimizar.

Pedimos la creación de un fondo/seguro público gestionado por la Administración o un seguro obligatorio contratado por centros es razonable, cuya cuantía, gestión y proceso de activación se determinarán por normativa. 

9. Procedimiento propuesto para casos concretos

Proponer un protocolo claro: denuncia → investigación independiente durante los días que sean necesarios → medidas provisionales obligatorias → informe vinculante → sanciones/reparaciones. 

Qué pedimos a la ciudadanía:

Apoya esta petición para que la Administración actúe ya y deje de tratar a las víctimas como cifras. Exigimos que Ferrol sea un lugar donde la escuela proteja, no dañe. 

No buscamos venganza, buscamos prevención, garantías y reparación; que las medidas respeten el debido proceso; que el objetivo es proteger a menores y evitar futuros daños.