Un origen crucial de la crueldad hacia perros y gatos es la falta de un Servicio Gratuito de Castraciones que evite el nacimiento de miles de animales que vivirán en la calle, refugios o perreras, siendo el Estado el primer responsable de esa crueldad, al no ocuparse del control ético y de la valoración de los animales. Así, perros y gatos son blanco fácil para maltratadores y Ezeiza, no escapa a esta realidad.

El Estado debe constituir el instrumento educador y de prevención por excelencia, dando herramientas para que las comunidades puedan disminuir los niveles de crueldad y no solamente para que éstos se sancionen mejor: legislar para ayudar a las comunidades a construir valores y no sólo para “castigar mejor” hechos consumados.

Las corporaciones veterinarias han interpuesto históricamente su beneficio económico por sobre la protección de los animales y el derecho supremo de toda comunidad de proteger la salud pública y un ambiente sano, tratando de impedir la implementación de los Programas de Castraciones a bajo costo o gratuitos.

Los pueblos y ciudades que resolvieron la situación de perros y gatos naciendo y muriendo en las calles, fueron los que implementaron un Programa de Castraciones Masivo y Gratuito, ampliando el grado de conciencia hacia el respeto no sólo de los perros y gatos, sino de otras especies y entre congéneres: todos son más cuidados y valorados.

Por ello, castrar no sólo es la única forma ética de proteger perros y gatos -logrando tantos animales como hogares disponibles y otorgando un lugar de valoración-, sino que además tiene enormes beneficios para las personas y la comunidad, incluyendo soluciones de salud pública y de protección del ambiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, peticionamos:

1. Implementar un Programa de Salud Animal, que contemple:

a. Castraciones Masivas, Gratuitas, Sistemáticas, Abarcativas, Extendidas y Tempranas.

b. Educación sobre cuidado, consideración y respeto hacia los animales.

c. Atención Primaria Gratuita de la Salud Animal.

2. Ejecución de la legislación vigente y obligatoria en materia de prevención de rabia.