Las familias denuncian que tienen que asumir terapias privadas de 2.000 euros ya que no se deriva a todos los menores a tratamientos públicos de neurorrehabilitaciónUna asociación solicitó en el Congreso que se incluya la cobertura de estos tratamiento, se aprobó una Proposición No de Ley pero con la disolución de las Cortes se ha paralizado"En la asociación tenemos tres niños con la visión dañada a causa de un ictus y no tienen acceso a un neuroftalmólogo", lamenta un portavoz