57 universidades públicas nacionales se encuentran desde hace más de un mes de paro, clases públicas, alerta y movilizados por el recorte presupuestario y los docentes hace más de nueve meses no acuerdan paritarias. Entonces entendiendo que la educación es un derecho el estado debe garantizarla. Al no poder contar con los fondos necesarios y las partidas demoradas, la inflación hace que el sueldo se licue y las obras sean suspendidas.
La única solución es que el estado revea dónde recortar gastos porque la educación es inversión, por lo que reducir presupuesto universitario y no acordar paritarias docentes con el gobierno nacional, son situaciones que afectan un derecho inalienable como es la educación de un país, directamente su futuro.