Manifiesto por la Verdad, Justicia y Reparación de las Desapariciones Forzadas Infantiles

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El problema

QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ HABLAMOS

Somos organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas, madres buscadoras, familias y personas que buscan su identidad, unidas frente a las desapariciones forzadas de menores en España, conocidas como casos de «bebés robados».

Alzamos la voz porque miles de personas siguen buscando. Madres y padres que buscan a los hijos e hijas que les arrebataron al nacer; hermanos y hermanas que buscan a quienes nunca llegaron a conocer; e hijos e hijas que buscan su verdadera identidad y a su familia de origen. El paso del tiempo no extingue la responsabilidad del Estado: el silencio no protege, sino que perpetúa la impunidad.

Lo hacemos ahora, ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026, porque quienes integren las nuevas Cortes Generales decidirán si esta deuda se salda o vuelve a aplazarse. Reclamamos una respuesta pública, coordinada y basada en los derechos humanos, convencidas de que solo desde el compromiso colectivo será posible avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria.

UNA VULNERACIÓN QUE SIGUE ABIERTA

Durante décadas, desde la posguerra y hasta bien entrada la democracia, niños y niñas fueron separados de sus madres y sus familias mediante prácticas sistemáticas en las que participaron, o que toleraron, instituciones públicas, religiosas y sanitarias. A muchas madres se les dijo que su bebé había muerto al nacer. La adopción ilegal consolidó y ocultó estas desapariciones.[i]

No es una cuestión del pasado. El derecho internacional considera la desaparición forzada una violación continuada: se sigue cometiendo mientras no se esclarezca la suerte de la persona o se restituya su identidad.[ii] Sin embargo, en España, la mayoría de las investigaciones se han archivado por prescripción o por falta de acceso a la documentación, sin llegar a practicarse diligencias.[iii]

Naciones Unidas lleva desde 2013 recomendando al Estado español que busque e identifique a estos niños y niñas, que cree un banco de ADN con todos los casos denunciados, que abra los archivos, que compute la prescripción desde que se restituye la identidad y que repare integralmente a las víctimas.[iv] Lo han reiterado el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en 2014[v]; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que en 2017 advirtió que los familiares seguían «librados a su propia suerte»,[vi] y el Parlamento Europeo, ese mismo año[vii].

En 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada constató el resultado: ninguno de los mecanismos creados había permitido identificar a una sola víctima.[viii]

Los avances posteriores han sido insuficientes. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática reconoce como víctimas a los niños y niñas sustraídos durante la guerra y la dictadura, pero deja fuera los casos posteriores a 1978 y no ha removido los obstáculos que impiden investigarlos y juzgarlos.[ix] El Real Decreto 807/2026, de 7 de octubre, regula el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, que incluirá a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos y a sus familiares. Es un paso, pero no entrará en vigor hasta el 8 de abril de 2027[x]. Ninguna de las dos normas garantiza los derechos de las víctimas posteriores a 1978.

La Proposición de Ley sobre «bebés robados» en el Estado español: desaparición forzada de menores, registrada en 2018, 2020 y 2024, ha decaído por tercera vez con la disolución de las Cortes Generales, pese a que en noviembre de 2025 expertos de Naciones Unidas habían instado al Parlamento a aprobarla.[xi]

En 2026, lo esencial de estas recomendaciones sigue sin cumplirse. Lo que pedimos no es nuevo.

LO QUE DEFENDEMOS

Cinco principios que el tiempo no borra: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria.

LO QUE EXIGIMOS

Exigimos a todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales que asuman públicamente, antes de la jornada electoral, los siguientes compromisos:

  • Incluir en sus programas electorales las medidas que recoge este manifiesto.
  • Impulsar su adopción en el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura y ponerlas en marcha en el plazo de un año.
  • Diseñarlas y aplicarlas con la participación efectiva de las asociaciones de víctimas y de las madres buscadoras.
  • Dotarlas de los recursos necesarios en los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura.
  • Abordarlas al margen de la confrontación partidista, como una cuestión de derechos humanos.

Exigimos asimismo a las Cortes Generales y al Gobierno que resulten de estas elecciones que cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas y pongan en marcha, por fin, una respuesta integral que garantice los derechos de las víctimas y acompañe a quienes buscan en todas las fases del proceso.

Esa respuesta deberá incluir, al menos, las siguientes medidas:

VERDAD

  • Creación de un órgano estatal de búsqueda. Con competencia para actuar de oficio, recursos propios y participación directa de las familias, encargado de aprobar y ejecutar un plan nacional de búsqueda y asistencia.
  • Ampliación del Banco Estatal de ADN a todos los casos. Que su ámbito se extienda a todas las víctimas de desaparición forzada infantil, sin límite temporal, que su puesta en funcionamiento se adelante y que integre todos los casos denunciados, con carácter gratuito, sin necesidad de orden judicial y con plazos de respuesta breves.
  • Apertura de los archivos. Acceso gratuito, garantizado por ley, a los archivos públicos, privados, eclesiásticos, hospitalarios y judiciales para las personas afectadas, con prevalencia de su derecho a la verdad y a la identidad sobre las restricciones de acceso derivadas de la protección de datos o del carácter privado o eclesiástico de los fondos.
  • Gratuidad de la búsqueda. Asunción por el Estado de los costes de las pruebas genéticas, el asesoramiento jurídico, el apoyo psicológico y los desplazamientos.

JUSTICIA

  • Reconocimiento de la sustracción de menores como desaparición forzada. Que la sustracción de menores se reconozca como desaparición forzada, de acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España en 2009 y en vigor desde diciembre de 2010, con las obligaciones que de ello se derivan; entre ellas, que el plazo de prescripción no comience mientras no se esclarezca la suerte de la víctima o se restituya su identidad.
  • Unidades de investigación especializadas. En todas las comunidades autónomas, en coordinación con la Fiscalía. 
  • Revisión de las denuncias archivadas. Por parte de la Fiscalía, con reapertura de aquellas que puedan investigarse a la luz de nuevas pruebas.
  • Obligación legal de colaboración. Para congregaciones religiosas, clínicas y administraciones, con un régimen sancionador efectivo y el reconocimiento de su responsabilidad cuando se acredite su participación.
  • Cooperación internacional. Cooperación judicial y administrativa con otros Estados en los casos que presenten conexión internacional, incluidos los de las personas que fueron dadas en adopción fuera de España, que deben tener acceso a todas las medidas de búsqueda en igualdad de condiciones.

REPARACIÓN

  • Reparación integral. Que comprenda el reconocimiento público, la restitución de la identidad, la rehabilitación y el apoyo psicosocial, con pleno respeto a la voluntad de cada persona.
  • Reconocimiento del daño sufrido por las madres. Con la incorporación de la perspectiva de género en todas las medidas.
  • Reconocimiento del daño sufrido por los hijos e hijas. Privados de su identidad, de su origen y de su familia, con apoyo específico en la búsqueda de sus raíces, y el derecho a conocer la propia identidad y a optar entre mantener la actual o recuperar la biológica.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

  • Formación especializada. Para cuerpos policiales, jueces, fiscales, médicos forenses, personal sanitario, personal docente y personal de registros civiles y archivos.
  • Rendición de cuentas. Presentación de informes anuales del órgano de búsqueda y de la Fiscalía ante las Cortes Generales.

MEMORIA

  • Educación. Inclusión de estos hechos en los currículos educativos.
  • Reconocimiento público. Celebración de actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas.
  • Día de memoria. Institución de un día oficial en memoria de las víctimas de desapariciones forzadas infantiles y de sus familias.

UNA LLAMADA A LA SOCIEDAD

El silencio permitió durante décadas que estas prácticas quedaran ocultas. Romperlo es una responsabilidad colectiva.

Pedimos a la sociedad que escuche y acompañe a las familias y a quienes buscan su identidad: el peso de la búsqueda no puede recaer solo en ellas. Pedimos a los medios de comunicación un tratamiento riguroso y ético, que combata la desinformación y el negacionismo y dé voz a las víctimas. Y pedimos a la ciudadanía que exija a sus representantes el cumplimiento de estas medidas.

Invitamos a todas las organizaciones, colectivos, profesionales y personas que compartan estos principios a adherirse a este manifiesto. 

UN COMPROMISO QUE NO TERMINA

Han transcurrido demasiadas décadas, y tres legislaturas, sin respuesta. Cada año de espera es un año menos para las madres, padres y familias que siguen buscando, y para los hijos e hijas que buscan su origen. No aceptaremos otra legislatura perdida.

Porque la memoria no prescribe.

Porque la justicia, por tarde que llegue, sigue siendo justicia.

Porque la verdad no caduca.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

FIBGAR – Fundación Internacional Baltasar Garzón

ABRA – Asociación de Afectados por Bebés Robados de Andalucía

Agrupación de afectados Adelante Bebés Robados por nuestro derecho a saber la verdad y justicia

ALUMBRA – Asociación para la Lucha de las Madres de Bebés Robados de Andalucía

Plataforma Internacional TEB – Te Estamos Buscando

S.O.S. Bebés Robados Catalunya
 
[i] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Informe de la misión a España, A/HRC/27/49/Add.1, 2 de julio de 2014, párrs. 7 y 8.
[ii] Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, art. 8.1 b); Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992), art. 17; Comité contra la Desaparición Forzada, CED/C/ESP/CO/1, párr. 12.
[iii] Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por España, CED/C/ESP/OAI/1, 4 de noviembre de 2021, párr. 26.
[iv] Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por España, CED/C/ESP/CO/1, 12 de diciembre de 2013, párrs. 12, 30, 32 y 35; A/HRC/27/49/Add.1, párr. 67, letras s, t y x; CED/C/ESP/OAI/1, párrs. 21, 27 y 29.
[v] Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Informe sobre su misión a España, A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014, párrs. 45 y 104, letras g) e i).
[vi] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo. Misiones a Chile y España, A/HRC/36/39/Add.3, 7 de septiembre de 2017, párrs. 32 y 33, y cuadro de seguimiento, recomendaciones s) y t).
[vii] Parlamento Europeo, Comisión de Peticiones, Informe de misión y recomendaciones a raíz de la visita de información realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, PE608.138v05-00, 23 de noviembre de 2017, apartado «Observaciones generales» y recomendaciones 2, 13 y 23.
[viii] CED/C/ESP/OAI/1, párrs. 4 y 26.
[ix] Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Sobre los obstáculos que impiden la investigación, véase CED/C/ESP/OAI/1, párrs. 13, 17 y 19.
[x]  Real Decreto 807/2026, de 7 de octubre, por el que se regula el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura (BOE-A-2026-20910), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-20910.
[xi] CED/C/ESP/OAI/1, párr. 26, sobre la Proposición de Ley 122/39, presentada en marzo de 2020. Comunicado de prensa del ACNUDH de noviembre de 2025 en el que expertos de la ONU instan al Parlamento español a aprobar la ley pendiente sobre bebés robados: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/11/spain-un-experts-urge-parliament-approve-pending-law-stolen-babies. Véase también Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2025/11/1540780.

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