La comunidad universitaria de la Universidad de Málaga se encuentra conmocionada y desamparada ante las recientes decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno de nuestra institución, en colaboración con la Junta de Andalucía, para abordar la situación financiera derivada del déficit acumulado por proyectos de obra nueva. Estas decisiones suponen un golpe directo e injusto al tejido humano y productivo que sostiene la misión y valores de nuestra universidad: su Personal Docente e Investigador (PDI). 

Estas medidas, que incluyen la reducción de la tasa de reposición de jubilaciones, la amortización de plazas estratégicas y la ampliación de medidas restrictivas que afectan al Plan de Ordenación Docente (POD) con la supresión o reducción del reconocimiento de actividades del docente (RAD), no solo ponen en peligro la calidad educativa, investigadora y de transferencia de conocimiento que define a la UMA, sino que además contradicen los principios fundamentales de nuestra misión institucional. 

En efecto, el contenido de este acuerdo así como la forma en la que se ha alcanzado contradice los principios fundacionales de nuestra Universidad. Como recoge el artículo 5 de sus Estatutos, la Universidad de Málaga tiene entre sus fines mejorar las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria a la vez que garantizar la transparencia, el buen gobierno y la comunicación con la sociedad y la comunidad universitaria, en relación con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Del mismo modo, estas medidas van en contra de las responsabilidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que se compromete a “El fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica y la transferencia del conocimiento y la tecnología en el Sistema Andaluz del Conocimiento, estableciendo el régimen de incentivos de I+D+i para los agentes de este Sistema, su seguimiento y evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a la investigación, los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la ciencia a la sociedad y de sus resultados al tejido productivo.”

Denunciamos:

1. La injusticia social del acuerdo alcanzado, que carga sobre el personal docente e investigador las consecuencias de decisiones institucionales previas sobre infraestructuras.
2. La precarización del Personal Docente e Investigador, con trabas a la necesaria renovación de las plantillas y con barreras al desarrollo profesional y promoción por méritos de sus miembros.
3. El impacto negativo en la calidad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento, que son pilares esenciales de nuestra universidad y fundamentales para el progreso de nuestra sociedad.
4. La contradicción entre las medidas adoptadas y las misiones institucionales de la UMA y la Junta de Andalucía, que deberían salvaguardar el motor productivo y de progreso de la universidad, que no es otro que el de sus trabajadores. 

Exigimos:

1. Una solución financiera que no suponga el sacrificio del personal que sostiene la misión de la universidad y que permita una gestión sostenible de la deuda y el déficit sin comprometer el desarrollo profesional ni la calidad institucional.
2. El compromiso de la Junta de Andalucía y del Equipo de Gobierno de la UMA para garantizar la estabilidad del personal, la promoción y el reconocimiento de méritos.
3. Una gestión transparente y eficiente, que priorice el cumplimiento de la misión y valores institucionales, protegiendo los intereses de la comunidad universitaria y su impacto en la sociedad.

Hacemos un llamado a todo el personal docente e investigador a unirse en defensa de una universidad pública, accesible y comprometida con la excelencia educativa, investigadora y social. Adherirse a este manifiesto es defender la esencia misma de nuestra universidad y su capacidad de contribuir al desarrollo cultural, social y económico de nuestra región. Por una Universidad de Málaga comprometida con su gente y con su futuro.